Ley Bonilla, un atropello a democracia
La SCJN revirtió la reforma electoral de Baja California que extendía el mandato del actual gobernador
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró ayer como inconstitucional la llamada Ley Bonilla, la cual ampliaba de 2 a 5 años la gestión de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, y dijo que resultó en un “atropello” a los principios de la democracia en Mexico.
Jaime Bonilla Valdez gobernará Baja California sólo dos años luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer la llamada Ley Bonilla que ampliaba a cinco años su mandato, al considerar que desde el Congreso de esta entidad se fraguó un fraude postelectoral que se convirtió en una violación a la Constitución y puso en riesgo la democracia.
Al conocer el fallo de la Corte, el jefe del ejecutivo de Baja California, en entrevista con El Sol de Tijuana, respondió que él se registró por cinco años de mandato y que su plan de gobierno es para cinco años, pero añadió que respetará la decisión de los ministros.
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Bonilla Valdez dijo que la Suprema Corte no aclaró que artículos de la Carta Magna se violaron para declarar inconstitucional la extensión de su gobierno, por lo que “se armaron de otros argumentos" para revertirlo.
Sin embargo, de manera unánime los ministros de la SCJN señalaron que las acciones que llevaron a los diputados locales a extender la administración de Bonilla violaron los derechos al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático, además de que los legisladores hicieron caso omiso a la veda legislativa, al principio de elecciones periódicas, libres y auténticas, así como la prohibición de retroactividad de las nuevas leyes.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, puntualizó que la reforma configuró un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático de nuestro país fraguado por el Congreso de Baja California en favor de Bonilla. Aclaró que alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección conforme a reglas previamente acordadas vulneró la esencia del proceso democrático como forma de limitación del poder.
El ministro Luis María Aguilar Morales aprovechó para recordar la prohibición constitucional a la reelección del poder Ejecutivo Federal y local.
Por su parte, el ministro Fernando Franco expuso que no puede haber una elección democrática de gobernantes sin el conocimiento certero de la duración del cargo.
Incluso la ministra Yasmín Esquivel, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que la Ley Bonilla viola el que las leyes electorales deben publicarse antes de un proceso electoral.
La ministra Norma Piña consideró que cuando un poder público como el Congreso de Baja California violenta los principios de la Constitución y los derechos de la ciudadanía pues “nos encontramos frente a un atentado contra la democracia y contra la Carta Magna. Este abuso de poder es una seria amenaza para nuestra vida democrática”.
El octavo voto, con el que se alcanzó la mayoría necesaria para echar atrás la Ley Bonilla, fue el de Javier Laynez quien destacó que se violó el artículo 105 de la Constitución pues la reforma de ampliación e mandato fue posterior al proceso electoral.
Desde Tijuana, el gobernador de BAja California, Jaime Bonilla respondió que la extensión de su mandato no fue un “fraude” como la llamó el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, aunque señaló que siempre estuvo consiente que de existía la posibilidad de que el máximo tribunal del país acotara su administración a dos años.