Tres sexenios para cerrar caso de ABC
En 11 años, cuatro ministros de la Suprema Corte han revisado el expediente y la discusión sigue abierta
CDMX. Cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuestos por tres presidentes de la República, han tenido en sus manos los expedientes y el futuro del caso de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, de la tragedia el 5 de junio de 2009.
Desde la investigación hasta las reparaciones del daño, son los aspectos que han abordado por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado mexicano. Se trata de su ahora presidente, Arturo Zaldívar y de los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá quienes, con diversidad de argumentos han definido o definirán aspectos relevantes del caso.
Ellos han tenido la responsabilidad de formular proyectos de sentencia y convencer a sus pares con el fin de acercar la justicia a las familias que perdieron a 49 de sus hijos y dejaron a otro número importante de lesionados, con secuelas de por vida. En junio de 2010, gracias a la facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos que en ese entonces tenía, el máximo tribunal tuvo la primera oportunidad de conocer y profundizar en el caso.
Fue el ministro Arturo Zaldívar, nominado por el entonces presidente Felipe Calderón, quien propuso a la Corte establecer la responsabilidad constitucional de varios servidores públicos, con especial énfasis en aquellos que ocupaban los cargos más altos en los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, esto no se logró.
“No puede más que concluirse que el cumplimiento de las obligaciones y deberes encargados a las autoridades involucradas pudo haber evitado no sólo la actualización del trágico suceso, sino sus alcances posteriores, pudiendo preservarse o disminuirse la dimensión de las afectaciones a la vida e integridad de los menores”, señaló Zaldívar.
Pero el pleno de la SCJN tuvo por suficiente la investigación, señaló autoridades responsables, pero ningún funcionario de alto nivel fue sancionado.
En esta ocasión correspondió al ministro Jorge Pardo, quien hizo uso del ejercicio de la facultad de atracción para que en la SCJN se revisaran las sentencias, lo que fue avalado por los integrantes de la Primera Sala.
Por unanimidad de votos, el 3 de octubre del 2018, la Suprema Corte aceptó revisar los amparos contra las sentencias condenatorias de los 19 involucrados en el incendio y también analizar las exigencias de las familias de las víctimas.
En febrero de 2019 el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar anunció que sería el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el encargado de estudiar el asunto y formular proyectos de sentencia para presentarlos ante la Primera Sala. A la par, Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el responsable de analizar y formular los proyectos de sentencia sobre dos amparos relacionados con la reparación del daño que merecen las familias de las víctimas
Como adelantó OEM, el ministro expone que el PJF y sus integrantes sólo están facultados para ordenar a la autoridad responsable, en este caso la CEAV, a realizar el análisis y consecuente cálculo, toda vez que es una cuestión exclusiva de su jurisdicción.