Fortaleciendo la seguridad pública
El 4 de octubre pasado, el Senado de la República aprobó por 87 votos a favor y 40 en contra la reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional (GN), publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2019. Con ello se extiende hasta el año 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas (FA) en tareas de seguridad pública; el plazo original era 2024.
La reforma es un logro legislativo que muestra que siempre hay espacio para hacer, de las diferencias, similitudes y de las asimetrías, coincidencias
Por medio de la discusión y del intercambio legislativo entre las fuerzas políticas que componen la Cámara Alta, se logró enriquecer el decreto. Se estableció, por ejemplo, que la participación de las FA en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Asimismo, se instauraron mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas y supervisión de las tareas de seguridad pública del Ejército y la Marina, por medio de informes semestrales presentados por el Ejecutivo (FA, Secretaría de Gobernación, y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) al Congreso de la Unión, proporcionando indicadores cuantificables y verificables.
De igual manera, el Senado, al analizar y aprobar los informes anuales sobre las actividades de la GN que le presente el Ejecutivo, evaluará la participación de las FA en labores de seguridad pública. A ello se agrega que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará al Consejo Nacional de Seguridad Pública el grado de avance en el diagnóstico sobre el estado de la GN y las policías de los estados federados.
Otras medidas del decreto contemplan el establecimiento, en 2023, de un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y los municipios, para que puedan profesionalizar sus cuerpos policiacos e instituciones de seguridad pública; también se instituye que las acciones que lleven a cabo las FA en ningún caso tendrán por objeto sustituir las de autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias ni eximirlas de sus responsabilidades, entre otras medidas.
La reforma al Quinto Transitorio no significa en modo alguno la militarización del país, más bien obedece a que enfrentamos a un crimen organizado de naturaleza compleja y diversificada, por sus capacidades económicas y logísticas, además de su distribución geográfica en nuestro territorio y su disponibilidad de armamento de alto poder, todo lo cual amenaza la paz, la seguridad y el desarrollo de la nación.
La reforma es un logro legislativo que muestra que siempre hay espacio para hacer, de las diferencias, similitudes y de las asimetrías, coincidencias. Pero éste no es el único esfuerzo que se realiza en materia de seguridad por parte del Gobierno mexicano, ya que hoy inicia, en Washington D. C., el segundo Diálogo de Alto Nivel en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Se trata de una nueva alianza, también llamada Entendimiento Bicentenario y establecida en 2021, que abordará además el combate al crimen organizado.
Entre los temas que se tratarán en esta segunda edición se encuentran los de trata de personas, migración, comercio seguro, tráfico de drogas y trasiego de armas de Estados Unidos hacia México.
Si tomamos en cuenta que actualmente el 60 por ciento de las armas largas que hay en nuestro país se compraron en 10 condados de la Unión Americana, se puede entender mejor la preocupación del Gobierno mexicano por detener este comercio ilegal que mata a cientos de personas en territorio nacional. Por ello, México contempló interponer una segunda demanda en Arizona por tráfico de armas contra fabricantes de éstas en el vecino país del norte, y apelar la primera, interpuesta ante un tribunal de Massachusetts por comercio negligente e ilícito de armas, la cual fue desestimada.
El combate a la inseguridad, a la violencia y al crimen organizado transita por una mayor cooperación bilateral con Estados Unidos y otros países, pero también por medio de iniciativas jurídicas contra el trasiego de armas y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, como la GN.