La Estafa Siniestra
La Procuraduría de Justicia de Hidalgo, que encabeza
ejerció acción penal contra cuatro presidentes municipales que sospechan participaron en una red que desvió hasta 172 millones de pesos provenientes del erario a través de empresas fachada, muchas de ellas creadas en el estado de Oaxaca.
Se giraron y ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión contra los ediles de Epazoyucan, Yahualica,
Huautla, y Nopala de Villagrán, este último ya acogido al criterio de oportunidad para informar sobre los demás participantes de lo que en esas tierras han denominado “Estafa Siniestra”.
Cuentan en la Procuraduría que los alcaldes involucrados solicitaban dinero a la Secretaría de Finanzas, de
para la rehabilitación y mejoras de caminos, espacios recreativos, fumigación y para el arrendamiento de maquinaria. Posteriormente, y aunque los mencionados contratos no eran aprobados por los cabildos, se generaron facturas y sus correspondientes pagos a personas morales que tenían domicilios fiscales en otros estados y oficinas de servicio en casas particulares. Además, este reportero puede confirmar que existe igualmente una orden contra el edil de Pisaflores,
actualmente buscado por la justicia, y se integran ocho carpetas de investigación adicionales que supuestamente involucran a secretarios del gabinete del priista
A detalle, las pesquisas llevan hasta la Secretaría de Educación, que estuvo a cargo de y posteriormente de y la Secretaría de Salud, primero de y luego de
Desde esas instancias, según las investigaciones, se llevaron a cabo también diferentes compras y adjudicaciones irregulares que podrían alcanzar los dos mil millones de pesos en desvíos.
Para la comprobación de los mencionados ilícitos —peculado y uso ilícito de atribuciones—, la Procuraduría hidalguense trabaja con el SAT, de Los colaboradores del gobierno pasado podrían alcanzar penas de hasta 14 años de prisión.
En el gobierno de López Obrador y especialmente en la Secretaría de Hacienda, que dirige más de uno se dice sorprendido por las quejas de algunas empresas valeras que intentaron participar en la licitación consolidada de fin de año para suministrar vales electrónicos de despensa a un gran número de trabajadores del gobierno federal adscritos a dependencias como la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de
el ISSSTE, dirigido por
SABI, de Conagua de
así como de otras 12 dependencias más. El desacuerdo se presentó luego de que durante la ejecución de la licitación pública LA 006000993-E18-2022, tres de las cuatro empresas concursantes, hicieron públicas sus inconformidades tras ser descalificadas por supuestamente incumplir con los requerimientos técnicos y administrativos que se solicitaron en la convocatoria, acusando a la ganadora, Toka Internacional, de llegar sola y con ayuda al terreno de juego. el IN