A LA SOMBRA
La Secretaría de la Función Pública, de Irma
Eréndira Sandoval, comunicó que las entidades federativas y empresas productivas del Estado, no pueden hacer negocios con Negocios Universal TD2, una firma que decía combinar conocimientos, experiencia y recursos para prestar servicios de asesoría en materia fiscal, contable, legal, técnica y administrativa, a toda clase de personas. También ofrecía cobranza judicial y extrajudicial, desarrollo de sistemas de cómputo y la contratación activa de todo tipo de servicios, hasta el registro de patentes.
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Dicen los que saben que uno de los muchos contratos bajo observación, es el que firmó
Jacqueline Romero Sánchez, en su carácter de representante legal de Negocios Universal TD2, con Proméxico, que encabezaba Paulo Carreño
King. Como recordarán, ellos existían para atraer inversión extranjera directa y la internacionalización de las empresas mexicanas. Y TD2 los ayudó a contratar a gran parte de su equipo.
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La empresa, cuyos socios según el Registro Público de la Propiedad son Pablo Hernández
Ávila y Sandra María Ochoa Palacios, se formó el 28 de enero de 2008, y en este millonario contrato bajo investigación de la Función Pública, se obligaron a aportar su capacidad y experiencia en el manejo y administración de nómina del personal, así como al reclutamiento y selección de los trabajadores, incluso se hicieron cargo del mobiliario.
Las autoridades ven muy sospechoso este negocio relacionado directamente con la Secretaría de Economía.
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Además de inhabilitar a TD2, la Secretaría de la Función Pública pidió no hacer negocios con SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano, con Clínicas Periféricas y Ambulatorias, ni con Dimexpress. SITAH, por cierto, también firmó un contrato millonario con los de Paulo Carreño King, quien por cierto, muchos se preguntan dónde andará.