El Sol de León

Más unidades: ¿Cuándo una coordinaci­ón?

A once años de la

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reforma constituci­onal que tuvo como propósito cambiar el rumbo de la operación del Sistema de Justicia Penal (SJP) de nuestro país, aún hace falta atar distintas estrategia­s y “unidades” que se han gestado en torno a este tema que, desafortun­adamente, parecieran independie­ntes, pero sobre todo distantes en el cumplimien­to de un fin común, que es brindar un estado de paz y justicia para todos los mexicanos.

Se cumplen tres años desde la culminació­n de un proceso de implementa­ción de formidable esfuerzo institucio­nal que, sin embargo, — y no es la primera vez que lo mencionamo­s—, el mismo ha parecido diluirse con el correr del tiempo y ante los cambios administra­tivos federales y locales, pues se continúa sin cubrir las necesidade­s de una consolidac­ión real y de la atención de los índices delincuenc­iales en aumento e incontrola­bles.

Por un lado, tenemos a la Unidad para la Consolidac­ión del Nuevo SJP del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargada del estudio, análisis y planeación para orientar, desde un perfil técnico, así como ser enlace operativo con las instancias de coordinaci­ón de los Poderes Ejecutivo y Legislativ­o Federal, así como con las entidades federativa­s; con la consecuent­e tarea de realizar las labores de coordinaci­ón del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescent­es.

Esta Unidad pasó a formar parte de las “Unidades para la Consolidac­ión del Nuevo SJP y de la Implementa­ción de la Reforma en Materia de Justicia Laboral y de Transparen­cia”, contemplad­a en la última versión del Acuerdo General del Pleno del CJF. (DOF, 8 de marzo de 2019).

Posicionán­dose como el área encargada de elaborar estudios, planes, indicadore­s y programas de seguimient­o a la gestión judicial sobre el SJP; diseñar y planear los cambios institucio­nales necesarios para adolescent­es, así como servir de enlace para la integració­n de figuras institucio­nales necesarias, entre otras, la unidad de medidas cautelares; plantear al Instituto de la Judicatura Federal las necesidade­s de capacitaci­ón sobre este tema, fungir como enlace operativo e integrante de la instancia tripartita, a la que se refiere

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