UIF, por modificar Código Penal

Después de que alrededor de seis millones y medio de mexicanos participaron en la Consulta Popular con la que se pretendía enjuiciar a los expresidentes de México, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, puso sobre la mesa la posibilidad de que se modifique el Código Penal para que el delito de corrupción no prescriba, tal y como sucede con el delito de desaparición forzada.

Lo anterior debido a que la mayoría de las acusaciones contra los exmandatarios nacionales ya no estarían vigentes, por lo que el ejercicio en el que votó casi el 8 por ciento del padrón electoral no tendría posibilidad de alcanzar a los tribunales. Eso sí, alcanzó más sufragios que los obtenidos por partidos políticos como el Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo en los comicios del 6 de junio, además de que es equivalente al 60 por ciento de los votos del PRI y al padrón total de la Ciudad de México.

Hace ya algún tiempo, Santiago Nieto nos contaba que el tema de la prescripción de los delitos era algo que impedía generar carpetas de investigación mirando hacia el pasado. Platicamos por ejemplo de Vicente Fox y Martha Sahagún, de sus hijos y de sus supuestos negocios al margen de la ley. El titular de la UIF en esos días nos dijo que los habían observado de cerca, pero no podían hacer nada ya en caso de encontrar algo. Tiempo perdido.

Lo mismo ocurre con Felipe Calderón o Carlos Salinas o Ernesto Zedillo y sus hijos. Tal vez al único que se le puede buscar algo y probablemente hacerlo pagar en caso de faltas es a Enrique Peña Nieto, pero parece que este Gobierno no está interesado en acercarse a este político del PRI que continúa viviendo como los expresidentes de la vieja guardia. Ni nos ve, ni nos oye, sino todo lo contrario (casi como secretario de la 4T cuando un medio no considerado amigo por Jesús Ramírez Cuevas pide entrevistas).

YOLLI GARCÍA

En Veracruz, de Cuitláhuac García, las cosas en el sistema judicial se están poniendo cada vez más raras, por decir lo menos, pues el caso de la expresidenta del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Yolli García Álvarez, puso la lupa en aquella entidad. Resulta que alrededor de cincuenta y dos comisionados y excomisionados de todo el país hicieron un pronunciamiento esta misma semana para que su situación sea juzgada conforme a la Ley, pues la exfuncionaria local lleva más de un año y tres meses en prisión, sin sentencia, a pesar de que los delitos que se le imputan no ameritan su reclusión.

CARLOS MALDONADO

Cada día se susurra más fuerte que el secretario de Finanzas de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza, presume por todos lados que concursará por una de las 12 notarías que se crearon en la entidad por decreto de Silvano Aureoles, pero hay quienes opinan que sus energías habrían de centrarse en transparentar a dónde fueron a parar los 16 mil millones de pesos que le señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares. Resulta que en los primeros días de julio el organismo actualizó los montos que podrían haber sido desviados o malversados, por lo que la administración saliente habrá de dar las explicaciones necesarias, o en su caso, devolver el monto que corresponda, pues de lo contrario podrían realizarse denuncias de corte penal. A su vez, llama la atención que el encargado de los recursos se ha dado a conocer por el opulento estilo de vida que refleja, mientras que su periodo en las gestiones michoacanas termina el próximo 30 de septiembre.