BASTA DE POLARIZACIÓN Y FALTAS DE RESPETO: ACCIÓN NACIONAL

El pasado jueves tres de noviembre tomó por asalto el Congreso de Guanajuato un grupo de simpatizantes de Morena que agredieron, atacaron e insultaron a los diputados que se expresaron –o que trataban de hacerlo– y votaron en contra del dictamen presidencial que propone que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta 2024.

Por eso, Martín López Camacho, presidente del Congreso, hizo un llamado a los integrantes de esa soberanía, en especial a los de Morena, a la responsabilidad y a la congruencia y sentenció: “no podemos ser guardianes de la ley y al mismo tiempo llamar a romperla. No podemos predicar lo que, con hechos, no somos capaces de reflejar”.

López Camacho invitó a los legisladores a ser un ejemplo para seguir a la ciudadanía que confió en ellos como legisladores y añadió: “la violencia siempre va a estorbar, la paz también es ausencia de violencia. Y perdimos la oportunidad de debatir un tema que tenía que ver con el tema de seguridad y con el tema de paz haciendo presente, sobre todo, violencia verbal”.

Y quien no tiene “pelos en la lengua” es el diputado, también del PAN, Miguel Ángel Salim. Él, de plano, les recordó que México ya no necesita más división ni polarización y que si quieren debatir la Guardia Nacional, para eso está el Congreso: “Aquí estamos –les dijo– pero no con faltas de respeto. Muestren argumentos, aquí los debatimos. Nuestro estado requiere una política de altura. En Guanajuato, la política no es una guerra y están equivocados si lo quieren ver así”. Es claro, en un régimen democrático no son necesarios ni convenientes los llamados a romper el orden para expresar desacuerdo.

Si cada vez que se va a votar un dictamen propuesto por la oposición o la federación, los diputados inconformes con la mayoría van a llamar “acarreados” para que revienten la sesión o para que insulten a quienes suben a tribuna, la democracia pierde.

Ni le hacen un favor a Andrés Manuel López Obrador, ni a sus propios electores. Una cosa es la libre manifestación de las ideas, consagrada en nuestra Constitución, y otra pretender acallar la voz de representantes populares.