REIVINDICACIÓN INDEPENDENTISTA
A día de hoy, el referéndum no reviste ningún carácter vinculante, ya que la justicia lo ha declarado ilegal y, junto con el gobierno español, ha activado casi todas las herramientas de que dispone para impedirlo y deslegitimarlo.
En las últimas semanas, la policía interceptó millones de papeletas, y 14 altos funcionarios del gobierno catalán fueron detenidos y luego puestos en libertad con cargos.
La junta electoral creada para la ocasión dimitió bajo instrucciones del ejecutivo catalán, y miles de agentes policiales han sido enviados a modo de refuerzo para impedir el funcionamiento de colegios electorales.
Pese a ello, Raül Romeva, consejero regional de Exteriores, insiste en que la consulta tendrá lugar.
“Las papeletas se pueden volver a imprimir tantas veces como haga falta, el censo lo tenemos, las urnas están, los colegios electorales estarán”, dijo esta semana.
El escenario más probable es que la votación se produzca de forma desordenada.
RIESGO DE DISTURBIOS
La policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra, advirtió del “riesgo” de desórdenes públicos que se derivaría de la orden judicial de precintar los colegios electorales, y vigilarlos para que nadie vote allí mañana.
No obstante, tanto el consejero regional catalán de Interior, Joaquim Forn, como el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, insistieron en la necesidad de preservar la “convivencia” y el orden pase lo que pase.
NEGOCIACIONES
Si los catalanes logran votar de una forma o de otra, es de presumir que gane el “sí”, ya que los del “no” se quedarán en casa. Los separatistas se agarrarán a esto pero, ¿con qué resultado?
La primera opción, según Gabriel Colomé, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, sería optar por no proclamar la independencia rápidamente, tal y como prevé una ley votada en el Parlamento catalán, de mayoría secesionista.
En lugar de eso, expone, los independentistas podrían convocar movilizaciones masivas en toda Cataluña.
En cualquier caso la economía española saldría perjudicada de una huelga en una región como Cataluña, que aporta el 19% del PIB nacional.
Bajo ese escenario, Colomé cree que podría haber una negociación sobre la concesión de más competencias al gobierno regional y una mejora de la financiación.
PROCLAMACIÓN DEUNA REPÚBLICA
La otra opción, apunta Rafael Arenas Garcia, profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, es que el presidente Carles Puigdemont haga una declaración unilateral de independencia, a lo que rl gobierno de España tendría que reaccionar de inmediato.
Enric Millo, delegado del gobierno central en Cataluña, señaló que la respuestas serán en todos los casos “proporcionadas”.
En virtud de la legislación vigente, España puede tomar el control de la policía catalana.
Incluso podría detener a Puigdemont, una imagen que daría la vuelta al mundo y serviría a los separatistas para “convertir la lógica de la independencia en la lógica de la defensa de la democracia contra el estado represor”.