Revelar la verdad, exigen víctimas
La defensora de las 11 mujeres agraviadas afirma que las violaciones estructurales siguen en el país
SAN JOSÉ, Costa Rica. La representante de las 11 mujeres violadas por policías durante los sucesos de San Salvador de Atenco en 2006 pidió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una sentencia que ordene al Estado de México una investigación en profundidad del caso.
Marcela Martín, subdirectora del Proyecto para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, aseguró que “esperamos que la sentencia se concrete, que determine la verdad, y que la difunda, y que ordene al Estado mexicano investigar según los estándares de diligencia, lo que significa ‘todos los hechos, todos los responsables’”.
“Lo principal para ellas es que se reconozca el alcance de todo lo sucedido y de las gravísimas violaciones que sufrieron, la inmersión del gobierno mexicano en los hechos, no sólo en las agresiones sino también en la investigación y condena de ellos”, aseveró.
Para Martín, “desde hace 11 años el caso está absolutamente impune” y aunque reconoce que hubo cambios legislativos en México “a raíz de éste y otros casos, tenemos muy claro, como hemos presentado a la Corte, que el Estado no ofrece información sobre el seguimiento e impacto que estas medidas están realizando, ya que el contexto de violaciones estructurales, se mantienen en México”.
Sobre las medidas reparadoras que solicitan a México insistió en que son “la verdad y la justicia, principalmente, y otras como el acompañamiento psicológico y médico por parte de profesionales de su confianza, ya que no la tienen con el Estado”.
LOS TESTIMONIOS
Durante la jornada de ayer en la Corte IDH la defensa de las mujeres ultrajadas criticó a México porque “no se ha condenado a nadie”.
Por su parte, el fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, aseguró que “se imputaron a 52 policías, 18 de ellos se encuentran en fase de instrucción, hubo una condena por abusos libidinosos, pero más tarde se revocó, se han levantado 36 infracciones administrativas a policías y recogido más de 200 testimonios”.
En varios turnos, las representantes de las mujeres argumentaron que “los hechos de tortura, abusos y violaciones no son hechos aislados, sino coordinados” y que “la violencia es una característica central del modelo policiaco de México”.
Señalaron que las investigaciones de los hechos llegaron “tarde y mal”, que las autoridades “propiciaron un clima favorable a lo ocurrido” e insistieron en que las medidas reparadoras que exigen son la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos, porque “la impunidad fomenta la repetición”.
Por otra parte, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que “México reconoce su responsabilidad en los hechos”.
“El 14 de mayo de 2013 México expresó su reconocimiento de responsabilidad internacional y pidió disculpas públicas por los hechos y, en particular, por las violaciones a las 11 mujeres”, y reiteró “la convicción del Gobierno de México de que las violaciones de los derechos humanos deben ser reparadas”, dijo el representante del Estado. Negó que los ultrajes fueran realizados “en un clima favorable” aunque reconoció que los policías actuaron afectados por las agresiones que sufrieron por parte de los manifestantes, que cortaron una carretera y hasta amenazaron con volar un camión de combustible.
En su réplica, Marcela Martín, subdirectora del Proyecto para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, insistió en que las primeras reparaciones que deben ofrecer son “la investigación en profundidad, el reconocimiento de todos los hechos, no solo parcialmente, y la justicia”.
EFE