PEDRO DE LEÓN
El jueves 9 de septiembre del año en curso, los diputados del Congreso de la Unión aprobaron en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, quedando un gasto total de $5.3 billones de pesos.
Como parte del PEF 2018 ya contempla un déficit de casi medio billón. Es decir, ya se tiene programado un gasto para pagar en el 2019.
Un breve análisis al PEF 2018, particularmente a dos Ramos, el 23 y el 33. El primer caracterizado por tener la bolsa de los “moches”, y el segundo por ser el que contempla el apoyo en infraestructura para Entidades Federativas y Municipios.
El Ramo 23, se ha prestado durante varios años a que sea mediante algún fondo o bolsa, por la cual los diputados federales puedan pedir y abusar de los alcaldes, síndicos y regidores, para “bajar” recursos ya sea de apoyo social, de infraestructura, sanitaria, educativa deportiva, y demás.
Esta es una de las distorsiones que forman parte de la corrupción que actualmente padecemos. Ahora resulta que los diputados se atribuyen funciones que no les corresponden.
Si bien es en el Proyecto de Presupuesto que presenta la Secretaría de Hacienda la que fija los montos generales, los diputados pueden mover cantidades “menores” respecto del monto global del proyecto.
¿Cómo funciona? Después de la gestión hecha por algún municipio o Estado, el legislador federal “analiza” dicha gestión, posteriormente éste entrega a la Comisión de Presupuesto los proyectos que él analizó y aprobó, y enseguida se da paso a la repartición de cantidades; no existen mecanismos que regulen la autorización y seguimiento de los proyectos, ahí es donde se genera la distorsión y por tanto la corrupción y la violación a la ley.
Para el próximo año, el Ramo 23 llamado oficialmente Provisiones Salariales y Económicas, tiene un gasto programado de $ 156 mil millones de pesos. Sería deseable una oportuna reglamentación para evitar que los recursos de este Ramo se dilapiden en el proceso electoral como otras veces ha sucedido.
El Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, contempla un gasto total de $ 688 mil millones de pesos. Integra al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en: Entidades con un monto cercano a los $ 9 mil millones de pesos; y la bolsa de Aportación Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con $ 64 mil y medio millones de pesos.
El FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) tiene una asignación de $ 25 mil millones de pesos. Y dos fondos, uno de reciente creación a partir de lo sucedido en el mes de septiembre con los temblores: El Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas, y el Fondo de Capitalidad, ambos con dos mil quinientos millones cada uno, de entrada es mucho menor para lo que se requiere en los estados del centro y suroeste del país.
El Ramo 33 igualmente contempla los recursos del FONE (Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo) con un monto de $ 368.9 mil millones de pesos, fondo que cubre la nómina magisterial federal y algunas estatales. La pregunta es ¿por qué algunas estatales y no todas, cuál es la razón de dejar fuera entidades como Zacatecas?
Tanto en el Ramo 23 como en el 33, queda perfectamente claro que uno y otro contemplan partidas presupuestales que dan cuenta de la duplicidad de gastos, aún en ramos diferentes.
Un Presupuesto Base Cero, sería deseable para que con el “borrón y cuenta nueva”, se eviten las enormes distorsiones que actualmente se dan en el actual esquema presupuestal. Una de ellas es justamente la permanente seguridad de la que gozan los banqueros para su subsidio anual que este año rondará los 40 mil millones de pesos.
El Ramo 23 se ha prestado durante varios años a que sea mediante algún fondo o bolsa, por la cual los diputados federales puedan pedir y abusar de los alcaldes, síndicos y regidores