ANGÉLICA DE LA PEÑA
Hay dos aspectos sustantivos que es necesario destacar del caso Selvas Gómez y Otras vs México como se conoce el expediente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las Mujeres de Atenco: el uso ilegítimo de la fuerza pública y la tortura en diversas formas, incluida la sexual, perpetrada contra ellas.
En ambas situaciones el gobierno provoca pésima imagen, sus reacciones no ayudan a la exigencia de justicia y es lamentable que no reconozcan que las consecuencias de estos hechos están inscritas en violaciones graves a los derechos humanos.
El caso tuvo ingreso en la CoIDH el 17 de septiembre de 2016. Mariana, Georgina Edith, María Patricia, Norma Aidé Claudia, Bárbara, Ana María, Yolanda, Cristina, Ángela Patricia y Suhelen, víctimas no solo de la represión de elementos policiacos, quienes en un operativo en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 sino también de diversas formas de violencia física, sicológica, de agresiones sexuales y en algunos casos de violencia sexual, al momento de su detención, traslado e ingreso al lugar en el cual permanecieron privadas de su libertad, como consta en el expediente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuya petición de las 11 Mujeres fue iniciada en abril de 2008.
La Comisión concluyó que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, y no haber investigado la tortura incluida la sexual, de manera imparcial y hasta las últimas consecuencias en congruencia con diversos tratados entre ellos las Convenciones Americana de Derechos Humanos, la Interamericana para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y para prevenir y sancionar la tortura.
En la etapa de audiencia de la Corte escuchamos testimonios de algunas víctimas de ese episodio y volvimos a impactarnos al escucharles recordar el sufrimiento que les causó las distintas formas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y que les han trastocado sus vidas.
Este hecho de abuso de la fuerza pública contra manifestaciones motivadas por inconformidades sociales como fue en ese entonces con la pretendida instalación del nuevo aeropuerto no es la respuesta que se espera de una autoridad en un régimen democrático; y peor si no rectifica de manera adecuada y asume el error. Hoy sigue arrastrando ese hecho quien fue gobernador del Estado de México y hoy es Presidente y representa al Estado mexicano.
Ya existe una Ley General contra la Tortura, que identifica a la tortura sexual como un flagelo terrible que violenta de manera grave los derechos humanos por parte de agentes del Estado, se enfatiza la responsabilidad de la cadena de mando y obliga a tomar medidas efectivas para la prevención y la sanción de la tortura.
Falta legislar la Ley que regule el uso legítimo de la fuerza pública en concordancia con los estándares internacionales como seguramente lo decidirá la Corte.
Por lo pronto, las Mujeres de Atenco tienen nuestro reconocimiento por su valentía y perseverancia. Es justo que la reparación integral del daño sufrido les permita lograr seguir con sus vidas y el Estado debe reconocer que estuvo en falta, que les obligó a ir a la Comisión y que luego, sin remedio, a la Corte Interamericana.
Falta legislar la Ley que regule el uso legítimo de la fuerza pública en concordancia con los estándares internacionales como seguramente lo decidirá la Corte.