Abren indagatoria por monopolio azucarero
Empresas del sector ya fueron multadas en 2016 por coludirse para manipular los precios
El regulador de la competencia en México, Cofece, inició una investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, comercialización y distribución de azúcar en el país. En junio de 2016, el órgano antimonopolios resolvió sancionar a siete empresas, 10 personas físicas y a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) con multas que en total suman 88.8 millones de pesos, por prácticas monopólicas absolutas durante 42 días entre octubre y diciembre de 2013, a fin de evitar que bajaran los precios en el mercado local. Dichos agentes se coludieron para manipular el precio de venta de azúcar estándar y refinada comercializada por los ingenios. Además, restringieron la venta de dicho producto a distribuidores y mayoristas, con el fin de evitar que estos revendieran después el producto a precios más bajos. Para esta nueva investigación, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) publicó en el Diario Oficial de la Federación que tiene suficientes elementos para empezar la indagatoria sobre posibles convenios entre empresas competidoras para manipular precios, restringir o limiInterno tar la oferta o la demanda, dividir mercados, concertar posturas en licitaciones, o intercambiar información para realizar alguna de las conductas anteriores. El plazo para la investigación es de hasta 120 días hábiles, contados a partir de su fecha de inicio, el 30 de noviembre de 2017, y podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones, precisó el organismo antimonopolios en un comunicado. El regulador no dio más detalles sobre el caso ni nombró a las empresas que podrían estar involucradas. Cifras reportadas por la Comisión indican que cada mexicano consume en promedio 36.7 kilogramos de azúcar al año. México es el séptimo productor mundial del endulzante, y la industria azucarera representa 11.6% del Producto Bruto (PIB) primario y 2.5% del PIB manufacturero. “Esta nueva investigación -aseguró-, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, quienes, de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación”.
Si se comprueba, los responsables serían multados hasta con 10% de sus ingresos, e incluso prisión de hasta 10 años