Reformas al Poder Judicial

Apenas ha pasado más de un mes que se efectuaron las elecciones federales y aunque el periodo de gobierno del actual Presidente electo aún no comienza, las expectativas sobre el rumbo que habrá de tomar el país bajo su dirigencia continúan como centro de atención en todos los foros de discusión, en los que se espera que las acciones que implemente traigan las soluciones que los grandes problemas del país necesitan. Sin embargo, no todos los temas importantes impactan en el ámbito federal. Un tema por demás relevante son las reformas que deben hacerse para mejorar la eficiencia en la impartición y procuración de justicia, pues ambas son indispensables para la estabilidad del Estado de Derecho, y aunque los ojos se encuentran puestos en una posible reforma del Poder Judicial Federal, debemos ser conscientes de que dichas acciones impactarían en la parte administrativa, no precisamente en la impartición de justicia. Si bien la cuestión administrativa es importante, no puede dejarse de lado el trabajo realizado dentro de los organismos jurisdiccionales, el cual se debe fortalecer en beneficio de los ciudadanos dirimiendo los conflictos de manera eficiente y garantizando sus derechos humanos, lo cual no es privativo de la autoridad federal. Cada estado de la Federación tiene Tribunal Superior de Justicia, es decir Poder Judicial, que en conjunto, durante 2016 atendieron un total de 80 millones 166 mil 627 trámites; ingresaron un millón 932 mil 729 juicios, y se concluyeron un millón 402 mil 916. según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal elaborado por el Inegi en 2017. Sin embargo debido a la alta densidad demográfica, industrial y política en la Ciudad de México, y que las partes se someten a la jurisdicción de nuestra institución de justicia, precisamente el Tribunal Superior de Justicia, en éste se concentra cantidad mayor de procedimientos. En este contexto está claro que para mejorar la percepción ciudadana respecto a la impartición de justicia, fortalecer el Estado de Derecho, garantizar los derechos humanos y la primacía del principio de legalidad, hacen falta grandes esfuerzos. Por ejemplo, en nuestra ciudad resulta necesario promover la contratación de mayor personal, capacitar de manera obligatoria y gratuita a quienes ya laboramos en el Tribunal, y más órganos jurisdiccionales. Si bien con el inicio de la oralidad y la vigencia del sistema de justicia penal acusatorio en el Tribunal Superior de Justicia se nombraron nuevos jueces y contrataron más empleados, la realidad es que la cantidad de juicios ordinarios sigue rebasando al personal y los juicios que pueden substanciarse en los juzgados civiles y familiares de oralidad son mucho menos que los tramitados por la vía ordinaria o tradicional. Los juzgados de lo familiar son los que presentan mayor cúmulo de trabajo, si tomamos en consideración que a escala nacional, más del 40% de los juicios promovidos, competencia del fuero común pertenecen a esta materia, y además, aunque existen juzgados de oralidad, muchas de las controversias resueltas en éstos derivan en incidentes que deben conocerse en los juzgados de procedimiento tradicional, por lo que, sin duda, la creación de nuevos órganos en esta materia. Aunque se reconozca la necesidad de poner énfasis en la administración de recursos materiales, no debemos olvidar que la principal labor del Poder Judicial es dirimir controversias y que para hacerlo eficazmente se requieren recursos humanos suficientes cuenten con la estabilidad y las mejores condiciones laborales y las herramientas físicas y materiales que su encomienda exige.