Duque niega saber de caso de espionaje
El gobierno colombiano afirma que desconocía las escuchas ilegales contra periodistas y opositores
BOGOTÁ. El gobierno colombiano de Iván Duque afirmó este lunes que desconocía que militares estuvieran realizando escuchas ilegales a políticos, periodistas y jueces, y pidió sanciones ejemplares contra los uniformados que sean hallados responsables por la justicia.
La revista Semana publicó indicios y testimonios que presuntamente comprometen a efectivos del ejército en la interceptación de teléfonos y correos electrónicos de personalidades, sin orden judicial y con aparentes fines políticos.
Acompañado del alto mando militar, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Truji
llo, expresó el rechazo del gobierno "a cualquier tipo de persecución, seguimientos o interceptación ilegal en el país".
El director de la revista, Alejandro Santos, afirmó que a mediados de diciembre habló con Trujillo sobre una investigación que Semana estaba haciendo sobre interceptaciones ilegales del ejército.
"Confirmo que sí investigan temas de 'chuzadas' pero no le doy detalles (...) y él arranca una investigación interna en su momento", aseguró a RCN Radio.
Según Semana, uno de los militares involucrados le dijo bajo reserva que recibió la orden de entregar la información recolectada sobre una magistrada a "un reconocido político del Centro Democrático", el partido en el poder que lidera el expresidente Álvaro Uribe (20022010).
El ministro garantizó "transparencia" en el manejo y las investigaciones que promueve sobre el presunto caso de espionaje. "De hallarse que sí hubo irregularidades, el gobierno exige que los responsables sean castigados.
CONFLICTO AUMENTARÁ
El conflicto armado en Colombia podría incrementarse este año con ataques explosivos urbanos si las disidencias de las FARC cumplen sus planes para presionar un nuevo acuerdo de paz, dijo un experto en el proceso de paz.
Henry Acosta, quien por más de una década atravesó a pie y a lomo de mula trochas, montañas y ríos en la selva para sentar al gobierno de Colombia y a la guerrilla de las FARC a negociar un acuerdo de paz que se firmó en 2016, teme ahora un recrudecimiento de la confrontación.