A LA SOMBRA
La estrategia nacional de los Pueblos Mágicos ahora tiene estos objetivos: “Garantizar un enfoque social y de respeto a los derechos humanos en la actividad turística, para lograr el bienestar general de las personas que viven y trabajan en los Pueblos Mágicos”.
*** “Impulsar el desarrollo justo y equilibrado entre los individuos que participan en la actividad turística, así como entre comunidades y regiones para democratizar los beneficios del turismo y reducir las brechas sociales en los Pueblos Mágicos”.
*** “Fortalecer la diversificación de mercados turísticos en los ámbitos nacional e internacional, para consolidar a los Pueblos Mágicos como un pilar del desarrollo turístico nacional”, además de esto, “Fomentar el turismo sostenible en los Pueblos Mágicos, priorizando ante cualquier interés la conservación de su patrimonio”. Es decir, Torruco les avisa que no solamente les soltarán dinero, deben cumplir algunos requisitos básicos.
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Nos cuentan que, detrás la difusión entre los diputados del estado de Morelos de un número de escritura correspondiente a una casa habitación adquirida por la esposa de José Manuel Sanz, jefe
de la Oficina del Gobierno de Morelos, se encuentra ni más ni menos que Ulises
Bravo Molina, el medio hermano del mandatario estatal y exfutbolista del América, Cuauhtémoc Blanco.
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La revelación de los datos estaría confirmando que Sanz es el investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y que, muy seguramente, llegará en próximos días a su relevo alguien que resulte muy pero muy familiar al Ejecutivo local.
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Para cumplir con las cuarenta recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional hizo a México en materia de combate al lavado de dinero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, propuso también a senadores de todos los partidos políticos que en las reformas a la Ley Antilavado se contemple la posibilidad del trabajo conjunto con el INE de Lorenzo Córdova.
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La finalidad de la alianza, nos aseguran, consiste en que el órgano electoral pueda proporcionar a la UIF información sobre los partidos y los candidatos que, se presuma, estén participando en algún esquema de financiamiento considerado ilegal.