Apuesta de alto riesgo
Disciplina, lealtad y secreto, son tres palabras a las que los militares de alta graduación, sobre todo los egresados de la Escuela Superior de Guerra como Diplomados de Estado Mayor (DEM), le imprimen un connotación que moldea el espíritu de cuerpo, concepto un tanto desconocido para la gran mayoría del mundo civil. Desde el sexenio de Luis Echeverría (19701976), el poder político de la Secretaría de la Defensa Nacional ha crecido de tal manera que el Presidente de la República y comandante supremo en turno, utiliza esa disciplina, lealtad y secreto de acuerdo a su interés y conveniencia.
Al no existir mecanismos de control civil, de rendición de cuentas, y sobre todo al otorgarle a un soldado de carrera un cargo político cuando es nombrado al frente de una dependencia federal como la Sedena, esas tres palabras adquieren diversas connotaciones algunas convertidas en muy malas experiencias en la historia reciente del país.
Hay cuentas pendientes por el papel de la milicia en la Guerra Sucia contra movimientos armados y grupos sociales en los años setenta y ochenta; hay una historia que no se ha terminado de contar sobre el rol de la fuerza armada en el crecimiento de la violencia desde que se convirtió en el brazo ejecutor de la política de seguridad antidrogas.
Y ahora en el llamado sexenio de la “cuarta transformación” el papel de los militares mas allá de los temas de seguridad nacional, seguridad interior, y una entrada más visible en la seguridad pública, crece para abrir una ventanilla como empresa pública. El pasado domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la intención de que el Tren Maya, los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y el que se construye en la base aérea militar de Santa Lucía en el Estado de México, queden a cargo de una empresa que dependa de las fuerzas armadas.
El propósito, dijo, sería garantizar una buena administración, que haya seguridad y que sean autosuficientes. En un tono más político que real, el mandatario planteó que las utilidades de esta empresa se destinarían a fortalecer las finanzas para pensiones de marinos y soldados.
Una foto instantanea de estos dos años que lleva el sexenio mostraría que el papel de los militares, contrario al discurso de campaña, ha crecido más que en administraciones anteriores. El despligue militar se da en atención por la emergencia sanitaria debido al Covid19, operaciones para la construcción de la paz, plan migrante de la frontera sur, seguridad a instalaciones estratégicas, atención a fenómenos naturales, protección a red de ductos de Pemex, y desde luego a la seguridad y erradicación de cultivos ilícitos.
La militarización en el sexenio de López Obrador rebasa cualquier escenario planteado previo al inicio de su gobierno. Mas allá de la conformación de la Guardia Nacional, la cuarta rama de las fuerzas armadas, a lo que el presidente le apuesta es a un dogma que ha quedado demostrado que no es infalible y tiene altos costos para la naturaleza para la que fueron creadas la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. La poca transparencia y controles legislativos para el nuevo rol que se les asigna, augura una nuera era de corrupción y eleva la apuesta de alto riesgo.