Propuesta, pero acción
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este martes a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a los 31 gobernadores del país, apoyar un "acuerdo nacional en favor de la democracia" a la vista de las elecciones del próximo 6 de junio. Mucha gente piensa que al Presidente lo caracterizan nada más los buenos deseos, las buenas intenciones, y las palabras que a menudo confunden lo anterior cayendo incluso en contradicciones. Yo creo que una especie de ancla para evitar esas contradicciones, algo que por su peso concreto y específico cae en el espacio legal.
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Los exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de "cuello blanco" para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos electorales, a evitar el acarreo y relleno de urnas", dijo textualmente.
Es una propuesta clara, contundente, pero que se queda a medias, a la que le falta algo en relación con la credibilidad del Presidente, y que para completarse democráticamente necesita de una acción; aunque como esto es imposible de manera inmediata lo que necesita son garantías concretas, específicas, de tal credibilidad. Garantías legales debidamente avaladas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y por los 31 gobernadores. Así y sólo así empezaríamos a creer en la propuesta presidencial, sino la misma se quedaría en una vana ilusión, en una promesa más en el tragicómico arsenal de los cientos de promesas presidenciales… incumplidas.
Ahora bien, yo creo que es una oportunidad de oro la que tiene el Presidente para demostrar que su palabra "es de ley". En caso contrario las suyas serían palabras que se lleva el viento, ¿pues qué garantía real hay de que, por ejemplo, no se intervenga en apoyo del candidato de un determinado partido, o de que no se solape a los tramposos electorales?
En la democracia hay que distinguir entre los buenos propósitos y las realidades para que se cumplan, y dar la fuerza suficiente, la concreción legal, para llegar a la meta deseada. Oportunidad de oro, en efecto, la del Presidente. Que complete su propuesta ya que en su calidad de titular del Poder Ejecutivo le corresponde "ejecutar". ¿Ejecutar qué? ¿Su voluntad, sus ideales más que sus ideas? Tiene la obligación de ejecutar o proponer que se ejecute lo legal, lo acorde al Derecho.
Mucha gente piensa que al Presidente lo caracterizan nada más los buenos deseos, las buenas intenciones, y las palabras que a menudo confunden lo anterior cayendo incluso en contradicciones. Yo creo que una especie de ancla para evitar esas contradicciones, algo que por su peso concreto y específico cae en el espacio legal, es manejar los ideales e ideas políticos sin alejarnos de la constitucionalidad ni de la legalidad.
El Derecho se respeta por dos caminos, el de la obligación o el de la convicción. No dudo del patriotismo y buena voluntad de la jefa de Gobierno y de los gobernadores, pero la obligación de acatar la idea del Presidente, aparte de la convicción, es un compromiso institucional y político que evita o evitaría el tan nefasto populismo; o sea, el de hacer concesiones de palabra al deseo general latente en la democracia, pero sin la solidez jurídica propia de un verdadero Estado de Derecho.
En las próximas elecciones hay mucho de por medio en cuanto a credibilidad y efectiva consolidación de la tan pregonada Cuarta Transformación. Por eso es imprescindible que junto a las propuestas vengan las acciones que deben caracterizar, repito, a un Estado de Derecho. En conclusión, Democracia, Justicia y Derecho. Hay que impedir la compra de lealtades o conciencias. Acuerdo nacional, sí, pero con claros compromisos jurídicos.