Macarena: la crueldad de un sistema injusto
Durante una noche laboral, Macarena del Rosario Rodríguez Farré ayudó a una compañera que también ejercía el trabajo sexual a que se comunicarán con la familia de un cliente que no quería pagarle el servicio realizado, solicitándole que viniera por él, mientras llamaron a una patrulla para auxiliarlas. Al llegar la madre del cliente al lugar y con la presencia de la policía, solicitaron a Macarena acompañarlos al ministerio público para levantar su testimonio. Es así que de repente se volvió acusada de secuestro exprés, en medio de la corrupción y colusión entre la mamá del cliente y las autoridades. Condenada sin presentación de pruebas a 22 años de prisión, lleva 12 y 7 meses en el penal de Santa Martha Acatitla.
Macarena es una de las personas presuntas culpables víctimas de un sistema de justicia cruel y violador de derechos humanos. Ciudadana hispanocolombiana, las autoridades no se comunicaron con los consulados respectivos desde el momento de su detención, como lo indica la normatividad en vigor. Familiares, su pareja, activistas, litigantes, organizaciones de la sociedad civil como Reinserta y medios de comunicación ya han denunciado la violación grave de su derecho a la salud y a la dignidad humana. Más de veinte organizaciones han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares con el fin de que México garantice el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de Macarena. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acompaña e investiga el caso de Macarena para poner fin a esta injusticia y maltrato humano.
En el penal le han negado el acceso a medicinas sufriendo de hipertensión, daño renal congénito, hernias, entre otras graves enfermedades que ponen en peligro su vida; además de la pandemia de la COVID19. En la cárcel señala el desabastecimiento de medicinas. En sus recetas expedidas por el servicio médico interno, la farmacia del penal escribe "no hay". Tampoco tiene acceso a alimentos y agua potable adecuados a sus padecimientos.
A pesar de cumplir con los requisitos legales para ser beneficiaria del esquema de preliberación por razones humanitarias, como fue anunciado en 2019 por el Gobierno de la Ciudad de México, no se le ha dado respuesta alguna a su trámite y se le negó el acceso a su expediente médico. Tras haber denunciado los abusos y buscando defender su derecho a la vida, ha recibido amenazas y represalias, así como días de aislamientos.
Su situación exige que se haga efectivo su derecho al acceso al programa de preliberaciones por cuestiones humanitarias y se le brinde atención médica. La falta de atención a sus solicitudes constituye una violación a sus derechos humanos y a su dignidad humana, contraviniendo la Constitución y los compromisos internacionales ratificados por México.
En 2017 le diagnosticaron cinco años de vida por sus enfermedades degenerativas y la ausencia de acceso a la salud digna. El 40% de las personas privadas de su libertad no ha recibido sentencia. En la cárcel hay personas culpables, presuntas culpables e inocentes. Todas tienen derecho a la dignidad humana, a salud y a la vida, base del Estado de Derecho y responsabilidad del Estado.