Rescatando a la CFE
La electrificación de nuestro país constituyó una formidable hazaña del Estado mexicano durante el siglo XX. Las características orográficas de México y la dispersión de su población en comunidades pequeñas representaban un enorme reto que miles de trabajadores mexicanos enfrentaron tendiendo líneas de transmisión por todo el territorio nacional y manteniéndolas bajo un esquema no lucrativo de servicio público, prestado por una empresa también pública que indiscutiblemente tiene clase mundial, no solo por su dimensión sino por la calidad del servicio que presta.
Su respuesta en los casos de perturbaciones del servicio por causas extraordinarias es muy eficiente, precisamente por ser una empresa de propiedad estatal, a diferencia de las compañías privadas que operan en otros países, como en Estados Unidos, las cuales deben contar con la anuencia de los accionistas para aprobar gastos adicionales derivados de las contingencias. En Puerto Rico pasaron meses para que se restableciera el servicio eléctrico después de un huracán e incluso en territorio estadounidense, ciclones en Florida o Luisiana y el reciente impacto climático sobre Texas han demostrado la falta de eficiencia de las empresas privadas para reanudar el servicio interrumpido. En ese estado recientemente hubo gente que murió de frío por falta de energía para la calefacción; otros tuvieron que quemar los muebles al interior de sus viviendas para hacer fogatas que les evitaran el congelamiento y la falta de energía eléctrica dejó a millones de texanos sin agua potable.
La gestión pública del aprovisionamiento eléctrico es indudablemente la mejor solución. Hasta los EU han recurrido a ella. La Tennessee Valley Authority, de propiedad estatal, fundada en tiempos de Roosevelt, provee de energía eléctrica a una gran área del sur estadounidense. No obstante, el tsunami privatizador neoliberal pegó en todo el mundo. La empresa francesa Électricité de France, la mayor productora de electricidad de Europa, que era exclusivamente de propiedad estatal, tuvo que ceder y colocó acciones en el mercado, pero no se desmanteló y el Estado francés mantiene el 83.6 por ciento de la propiedad de la empresa. En todo caso, esa fórmula fue menos dañina y depredadora que la empleada en México para intentar destruir a la CFE.
La mayor compañía de distribución y transmisión de energía eléctrica en el mundo es de propiedad estatal: la State Grid Corporation of China, que abastece de energía a 1100 millones de chinos y se ha dado el lujo de comprar empresas en otros países como Chile, Portugal, Australia, Brasil y Filipinas.
A partir de la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, ese es el proyecto que debería abrazar la CFE, empresa de la que debemos sentirnos orgullosos ya que ha jugado un papel central en el desarrollo del país y bien podría expandirse como transnacional. Tiene que revertir el daño causado por las políticas neoliberales impuestas mundialmente y recuperar un espacio que no debe considerarse un mercado para extraer utilidades, sino el ámbito de un servicio que por su propia naturaleza es preciso que tenga carácter público. Su recuperación es tarea insoslayable del Estado mexicano y ello no significa renunciar a tecnologías menos contaminantes para generar energía. Por lo pronto, se justifica recurrir a combustibles fósiles con los que contamos, como lo hacen en Alemania, China o EU, pero conviene tener en cuenta que energía limpia no es necesariamente sinónimo de energía de generación privada. La propia CFE puede incursionar en la producción eólica y solar, ampliar la geotérmica y aprovechar la fuerza del mar en nuestras extensas costas. Es necesario impulsar un plan para incrementar, desde el Estado, la producción de energías limpias y para ello debería también pensarse en una empresa pública capaz de producir a partir de tecnología nacional, los aerogeneradores y los paneles solares, sin excluir a contratistas privados que participen en la fabricación de insumos.
El gobierno haría bien en analizar incluso la conveniencia de volver al modelo original de las empresas paraestatales y revertir el concepto de "empresas productivas del Estado" que pretende equipararlas en su administración a las empresas privadas, cuando en realidad su actividad debería estar orientada solamente al beneficio general del país y a la obtención, por parte del Estado, de los ingresos que generen; por supuesto, siempre procurando que su administración efectivamente produzca dichos ingresos como actualmente lo siguen haciendo, pues todo lo que aparece como una pérdida contable para la empresa, constituye un ingreso para las arcas del Estado mexicano. Es evidente que debe evitarse el exceso en el aprovechamiento de tales recursos para no llegar al punto de "matar a la gallina de los huevos de oro". Una sana lógica aconseja fortalecerlas y cuidarlas; por eso mismo, no deben ser entregadas a intereses distintos a los de la Nación.
El gobierno haría bien en analizar incluso la conveniencia de volver al modelo original de las empresas paraestatales y revertir el concepto de "empresas productivas del Estado" que pretende equipararlas en su administración a las empresas privadas, cuando en realidad su actividad debería estar orientada al beneficio general del país.