Amenaza AMLO con reforma constitucional
Respondió ante las impugnaciones a la nueva Ley Eléctrica en el Poder Judicial
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si jueces, magistrados o ministros determinan que la Ley de La Industria Eléctrica es inconstitucional y que no puede proceder, enviará una iniciativa de reforma a la Constitución. "No puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres".
Sin embargo, el mandatario reconoció que una reforma constitucional requeriría el apoyo de dos terceras partes del Congreso.
El martes, el Presidente se refirió al Poder Judicial como El Castillo de la pureza, porque nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Esto, luego de pedir una investigación en contra del juez que otorgó los primeros amparos provisionales en contra de la Ley Eléctrica.
Ese mismo día llegó al Senado una iniciativa para una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que crea la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que podrá solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las investigaciones a servidores públicos del Poder Judicial.
También establece la creación de un registro de sanciones y obliga a los funcionarios del Poder Judicial a presentar su declaración patrimonial.
La iniciativa dice que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, las y los magistrados de circuito y las y los jueces de distrito, serán responsables por sus interpretaciones o resoluciones cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe.
De manera paralela, en la Cámara de Diputados, Morena presentó otra iniciativa para prohibir que los juzgadores otorguen amparos contra leyes que afecten el bien común.
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Poder Judicial, al que calificó como El castillo de la pureza, primero con una iniciativa que envió al Senado para que se puedan indagar las cuentas bancarias de jueces y, por otro, al amagar con una reforma constitucional en caso de que le echen abajo su Ley de la Industria Eléctrica.
El martes, el Presidente volvió a criticar la decisión del juez Juan Pablo Gómez Fierro de dar una suspensión provisional contra la Ley de la Industria Eléctrica, al tiempo de agradecer al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, de iniciar una investigación contra el impartidor de justicia.
“Antes, decía yo, el Poder Judicial era como El castillo de la pureza, nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro”, dijo.
En este contexto, ayer el titular del Ejecutivo presentó una iniciativa para una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que crea la Unidad General
de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que podrá solicitar informes y documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
También establece la creación de un registro de sanciones y obliga a los jueces a presentar su declaración patrimonial.
La iniciativa dice que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, las y los magistrados de circuito y las y los jueces de distrito serán responsables por sus interpretaciones o resoluciones cuando se compruebe que hubo cohecho o que se actuó con mala fe.
Igualmente serán causas de responsabilidad para las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones o cualquier acción que implique subordinación indebida respecto de alguna persona u otro poder.
La nueva Ley Orgánica considera la implementación de “Contralorías del Poder Judicial de la Federación”, una para cada uno de los órganos de este Poder; éstas implementarán los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.
De manera paralela, en la Cámara de Diputados, Morena presentó otra iniciativa para prohibir que los juzgadores otorguen amparos contra leyes que afecten el bien común.
También ayer, López Obrador amagó con reformar la Constitución en caso de que los jueces frenen su Ley Eléctrica.
“Yo estoy seguro que es constitucional la reforma eléctrica, pero si los jueces y ministros determinan que es inconstitucional y no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución”, advirtió el mandatario en la conferencia matutina.
Sobre la posible reforma constitucional, el Presidente de México tendría que cambiar el artículo 28 de la Carta Magna, que establece la libre competencia en el sector, aseguró Víctor Ramírez, especialista en el sector energético.
“Juzgando las razones por las que se emitieron las decisiones del juez, primero tendría que eliminar la libre concurrencia en el sector eléctrico, que es el artículo 28 constitucional”.
Ramírez añade que, al ser una reforma a un artículo constitucional, para su aprobación requerirá que tres cuartas partes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República voten a favor de la iniciativa, a lo que se suma la obligación de que sea aprobada por más de la mitad de los congresos locales.
Por otra parte, el país tendría que renunciar al derecho constitucional a un ambiente sano, incluido en el artículo 4 constitucional.
Además el país tendría que salirse del acuerdo de la Conferencia de las Partes de París (COP21). “Este acuerdo no está en la Constitución, pero fue ratificado por el Senado y, por lo tanto adquiere carácter de constitucional”.
En entrevista, el vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, aseguró que para aprobar este cambio constitucional, el primer mandatario tendría que mandar su iniciativa al Congreso de la Unión, pero por reglamento, no puede ser una iniciativa preferente, es decir, el debate sería más lento que el de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Por su parte, José Juan González , profesor del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recordó que una eventual reforma, en caso de que prospere, a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, sería inútil y violaría tratados internacionales como el TMEC y el TTP.
“Estados Unidos no ratificó el TTP, pero tiene el beneficio, igual que Canadá, de que sus inversionistas participen en el sector bajo los principios de trato nacional y cláusula de la nación más favorecida. Por lo tanto, la reforma energética está blindada en el acuerdo trinacional”, explicó en entrevista con
“Yo estoy seguro que es constitucional la reforma eléctrica”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO
Antes, decía yo, el Poder Judicial era como El castillo de la pureza, nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro”
La nueva
Ley Orgánica considera la implementación de “Contralorías del Poder Judicial de la Federación”