Javier Oliva
Hay un acuerdo muy extendido, respecto de la pobreza de contenidos y propuesta en la enorme mayoría de las campañas electorales, que culminaron el pasado domingo 6. Más llamativos, para mal o peor, fueron los tiktoks, videos y demás recursos visuales, que propiamente, plataformas o programas específicos. Así, que en realidad, las votaciones en su mayor parte, descansaron en las capacidades de identidad o emocionales que cada candidata o candidato, lograban despertar en el electorado.
En eso términos, no podía esperarse mucho en cuanto a propuestas en materia de salud pública, educación, trabajo, economía, medioambiente y desde luego, seguridad pública. Menos se supo, de Seguridad Interior y Seguridad Nacional, por lo que a partir de que se conozcan los resultados definitivos, los partidos políticos, todos, sin excepción, deberán iniciar una serie de actividades, para darle sustento y contenido a las propuestas que llevarán a sus distintos ámbitos de representatividad, a propósito de los grandes temas y antagonismos que vive México.
La seguridad pública, faltaba más, es un asunto y prioridad central. Cualquier programa o política, debe ser analizada y evaluada para poder seguir siendo vigente y útil tanto para el gobernante y/o representante, como para la sociedad en su conjunto. Tal es el caso de los procedimientos con que tanto el Gobierno federal como los estatales y municipales, que para procesar de manera exitosa sus respectivas propuestas en esta materia, deben formular medios para ajustar lo hasta ahora hecho para contener las deterioradas condiciones de seguridad.
Sobre todo por lo que concierne a la Cámara de Diputados en la siguiente Legislatura. Aunque faltan dos meses y medio, para entrar en funciones, ese enorme período de transición, es una gran oportunidad para acercar posturas, que dejando a un lado posiciones ideológicas, que a fin de cuentas poco ayudan para encontrar soluciones ante un problema inmediato y grave, para impulsar aspectos que para la segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, entregue buenas cuentas y mejores números.
Es el momento, para de una vez por todas, implementar las medidas fiscales necesarias, para que municipios y estados de la República, con el apoyo táctico y operativo de la Guardia Nacional, creen o fortalezcan sus capacidades policiales, así como de la aplicación de la ley a quienes en flagrante evidencia, son infractores de la ley y reciban las sanciones correspondientes en apego a sus Derechos Humanos; en la actualidad, se sabe y ha escrito en abundancia al respecto, el hipergarantismo del Sistema Penal Acusatorio, no ha aportado y dado los resultados esperados, desde su instrumentación en 2007-2008.
Muy importante será el futuro de la nueva política de seguridad. Más aún, superada la crisis de la pandemia.
La seguridad pública, faltaba más, es un asunto y prioridad central. Cualquier programa o política, debe ser analizada y evaluada para poder seguir siendo vigente y útil tanto para el gobernante y/o representante, como para la sociedad en su conjunto. Tal es el caso de los procedimientos con que tanto el Gobierno federal como los estatales y municipales, que para procesar de manera exitosa sus respectivas propuestas en esta materia, deben formular medios para ajustar lo hasta ahora hecho para contener las deterioradas condiciones de seguridad.