Reforma propone dar superpoderes a la CFE
Elimina a los reguladores y cancela contratos y permisos de generación privada de electricidad
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejará de ser un jugador dentro del mercado para convertirse en el organismo del Estado que controle en su totalidad la energía que llega a la industria y a los hogares, según se establece en la iniciativa de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los diputados.
De aprobarse, la propuesta sepulta la reforma energética de 2014, al desaparecer a los reguladores del sector energético como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Con los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, se cancelarían todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada.
"Esta iniciativa obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea", criticó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
De concretarse se consumaría una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada, dejando al país expuesto al reclamo de indemnizaciones, incluyendo arbitrajes internacionales, agregó.
La iniciativa de reforma energética enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados cancela los cambios legislativos en el sector aprobados en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, e impulsa la creación de una súper Comisión Federal de Electricidad (CFE) que pierde su calidad de Empresa Productiva del Estado y asume la calidad de autoridad energética.
La propuesta anunciada este viernes por el jefe del Ejecutivo federal no sólo fortalece a la CFE, sino que también promueve la desaparición de autoridades regulatorias en el sector energético como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
La iniciativa reforma los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y el noveno transitorio para desaparecer los contratos de autoabastecimiento, incorporar a los órganos reguladores a la Secretaría de Energía (Sener) e integrar a las subsidiarias CFEnergía, CFE Internacional y CFE Capital y al Cenace a la paraestatal encabezada por Manuel Bartlett. “Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución”, señala el documento.
De acuerdo con la iniciativa, tras la cancelación de todos los contratos de compraventa, la CFE se convierte “en el organismo del Estado responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control”, es decir, deja de ser Empresa Productiva del Estado.
Ramses Pech, analista del sector, advirtió que este cambio legislativo significa que ya no habría igualdad de competencia en la industria ya que la CFE, al convertirse de nuevo en una empresa estatal, pretende tener el monopolio de toda la cadena del mercado eléctrico. “La instrumentación del sistema eléctrico que se plantea en esta iniciativa, requiere la cancelación de todos los permisos de generación de eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución”, dice la iniciativa.
De acuerdo con el Artículo segundo transitorio, la CFE deberá de proveer al menos 54 por ciento de la energía requerida y podrá comprar a los privados hasta 46 por ciento, mientras se pueda mantener el control de precios.
Además, la propia paraestatal será quien determinará las tarifas de distribución y transmisión así como las tarifas para usuarios finales y tendrá la capacidad de rechazar la compra de energía proveniente de los permisos de autoabastecimiento porque la califica, de manera retroactiva, como ilegal luego de la nueva reforma.
Para analistas del sector, esta iniciativa significa un detrimento para el sector y una expropiación indirecta.
Gonzalo Monroy, director de la consultora energética GMEC, advirtió que la CFE no podrá cubrir la demanda que haga falta con la supresión de los contratos y permisos, por lo que podrá adoptar las medidas que sean necesarias para la instrumentación de lo dispuesto en la reforma.
“Eso es justamente lo que abre espacio para una expropiación indirecta, una redistribución administrativa, conforme al objetivo que sería, en este caso, la continuidad del sistema y obviamente lo que estarían haciendo es decir ‘yo puedo hacerme cargo de tu planta, yo opero tu planta en lo que esto se normaliza’, y eso de normalizar es una definición que no te pone plazos, no te pone tiempos, no te dice si te van a pagar o no”, refirió el especialista.
“Abre espacio para una expropiación indirecta”
GONZALO MONROY DIRECTOR DE LA CONSULTORA ENERGÉTICA GMEC
Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, coincidió en que esta reforma promueve una expropiación indirecta y advirtió que, de aprobarse, habrá una ola de demandas contra México en tribunales internacionales.
El especialista indicó que al ser cambios a la Constitución el Poder Judicial no podrá revertir los cambios, por lo que las empresas afectadas tendrán que recurrir a instancias internacionales para reclamar indemnizaciones al país por las afectaciones a sus negocios. Ramírez calculó que las indemnizaciones podrían ascender a 120 mil millones de dólares que tendrán que pagar gobiernos posteriores.
Los analistas coincidieron en que la reforma es energética porque toca al petróleo, ya que al desaparecer a la CNH el Estado asumirá el control del sector y llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones o a través de contratos directos.
Javier Estrada, excomisionado de la CRE y de la CNH, consideró que con esta iniciativa el gobierno manda señales de un “arresto” al proceso de apertura del sector que lleva varios años y que si bien, dijo, tiene elementos que pueden mejorar, va a generar incertidumbre hacia el país.
“Va a quedar en duda que el país siga avanzando en un trayecto que ya tenía y nos vuelve a meter en un mundo de restricciones que, como sabemos, trae muchas ineficiencias. Además va a generar dudas sobre la reputación del país con limitantes que se traducen en riesgos para inversiones, incluyendo la viabilidad económica de proyectos que ya estaban establecidos”, comentó. Al respecto, la calificadora Moody’s aseguró que la reforma afectará las inversiones y retrasará la transición energética del país.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la iniciativa de reforma al sector energético es perjudicial en lo económico y ambiental. En materia de Estado de Derecho, subrayó que su aprobación consumaría una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada.
La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió al Congreso federal analizar los impactos de la reforma pues aseveró que la existencia de reguladores en el sector energético son decisivos para la seguridad nacional
Los políticos de oposición criticaron la propuesta. Gabriel Quadri, diputado panista, dijo que “está en las manos del PAN, PRI, PRD y MC detener la locura del presidente López Obrador”. Por su parte, el diputado de MC, Salomón Chertorivsky, calificó como “una barbaridad” la propuesta que convertirá a la CFE en un megaorganismo sin contrapesos ni regulación.