El déficit de Estado de derecho democrático al cuarto año

Quizá la

mayor barrera para el desarrollo de México es nuestro déficit de legalidad; más concretamente, los rezagos, la precariedad, la simulación endémica de que adolece nuestro Estado democrático de derecho, todavía con mucho de aspiración y con un largo trecho por recorrer para que sea un régimen plenamente consolidado. Sin embargo, no hay un esfuerzo nacional en marcha para corregir esto en la actual administración, a pesar de presentarse a sí misma como fuerza de transformación. Al contrario, en muchos aspectos, vamos en retroceso.

De hecho, el tema no destacó en el Cuarto Informe de Gobierno, cuando el Estado de derecho debe ser el principal tópico de todo gobierno, y más aún de uno con voluntad de transformación. Este déficit no puede subsanarse con el impulso a la prisión preventiva oficiosa y la militarización de las instituciones y las actividades civiles. En lugar de ayudar, eso refuerza distorsiones estructurales que hacen que el imperio de la ley y la institucionalidad en México sean débiles.

No se puede combatir la discrecionalidad, la arbitrariedad y la opacidad con medidas y prácticas inclinadas a la discrecionalidad, la arbitrariedad y la opacidad.

En un Estado democrático de derecho, las leyes y las normas se establecen, precisamente, en forma democrática. No puede haberlo donde se pretende delegar la responsabilidad civil sobre la seguridad pública y la protección de los ciudadanos a las fuerzas armadas mediante decretos y reformas administrativas que trasgreden abiertamente la Constitución.

En este régimen, las leyes establecen y cuidan derechos de cada individuo. Estos no se pierden, aunque la persona esté bajo arresto, sujeta a investigación. La prisión preventiva oficiosa es un atentado en ese sentido, con una concesión de mayor poder a la discrecionalidad y un claro menoscabo a garantías de ciudadanos.

En un Estado democrático de derecho, las violaciones a las leyes son sancionadas mediante procedimientos para determinar la culpabilidad o la inocencia, apelar decisiones incorrectas o injustas y garantizar imparcialidad. No es necesario dar un poder excesivo a las autoridades. Al contrario: hacerlo, propicia la inequidad, las excepciones, la irregularidad. La mirada desde fuera ayuda a comprender los retos en materia de Estado democrático de derecho. Como han destacado analistas del exterior especializados en México, como Shannon K. O'Neil, el actual gobierno, desde el inicio, ha tenido problemas para seguir las normas y las formas democráticas.

En conferencias de prensa gubernamentales, se ha atacado discursivamente a periodistas que discrepan de las políticas y las prácticas oficiales, así como a organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, ya sea por sus investigaciones contra corrupción, apoyo a derechos de las mujeres o defensa de derechos humanos y de víctimas de la delincuencia.

Se ha hostigado a organismos públicos independientes como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se ha afectado a instituciones regulatorias con omisiones administrativas que alteran su funcionamiento, mientras que el poder gubernamental en la legislatura ha sido usado para recortarles sus presupuestos y presionarlas en su autonomía técnica. Se han vaciado las arcas de más de 100 fondos fiduciarios controlados por el Estado, establecidos por gobiernos anteriores para salvaguardar el apoyo público dedicado a artistas, académicos, científicos o defensores de los derechos humanos. Todo ello en favor de una centralización presupuestal discrecional.

Se han atacado las divisiones básicas de poder entre tres ramas del gobierno. En la procuración de justicia, y pese a la autonomía de la FGR, abundan investigaciones y procesamientos politizados.