Ministr@s de la SCJN: vayan a las cárceles
La semana pasada, una polémica discusión se dio en torno a las propuestas presentadas al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El proyecto del ministro Aguilar de eliminar la prisión preventiva oficiosa (PPO), a través de la inaplicación del artículo 19 constitucional, suscitó tal desacuerdo entre los miembros del máximo tribunal, que fue retirado antes de ser votado por la totalidad de los ministros.
De la discusión en la Corte vale la pena subrayar que, a pesar de que siete de 11 ministros señalaron que votarían en contra de la propuesta, por considerar que se extralimitarían en sus funciones al inaplicar un artículo constitucional, la mayoría reconoció que esta medida cautelar conlleva una violación a los derechos humanos, particularmente al debido proceso. También, la mayoría de los ministros aceptó que, más que una excepción, esta medida se ha convertido en la regla. Después de la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, en 2019, cerca de 300 personas son encarceladas diariamente bajo esta medida. Además, en tan solo dos años se ha privado de la libertad a más personas que en los últimos 15 años.
En lo referente a la opinión extendida entre los ministr@s, de que no está dentro de sus atribuciones eliminar la PPO, vale la pena resaltar lo mencionado tanto por el ministro Aguilar, como por el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Esto es, que en el presente contexto y frente a la realidad de nuestro país es necesario interpretar la Constitución de una forma más dinámica y con perspectiva social. En México, existe un conflicto entre el artículo 19 que regula la prisión preventiva oficiosa y el artículo 1 ero constitucional que incorpora al corpus iuris mexicano los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que sí corresponde a la SCJN pronunciarse respecto a dicha controversia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó recientemente a nuestro país eliminar la prisión preventiva oficiosa al considerarla violatoria de los derechos humanos a la libertad y a la presunción de inocencia.
En el máximo tribunal mexicano debe realizar su función de interpretar considerando la realidad de nuestro país, en el que 70 por ciento de las personas que se encuentran privadas de la libertad son pobres, en donde el acceso a la justicia no es igual para todas y todos.
Por otro lado, preocupa que el presidente de México y el subsecretario de seguridad a nivel federal hayan estado tan activos en la discusión, instando a los ministr@s a votar en contra de la eliminación de esta medida cautelar. Señalando, además, que hacerlo atentaría contra la actual estrategia de seguridad, como si esta dependiera del encarcelamiento de personas sin apego al debido proceso, como regla y no como medida excepcional. También preocupa que no se respete la división de poderes y que desde el ejecutivo se busque presionar a la SCJN en el ejercicio de sus funciones con argumentos alarmistas como que la eliminación de la PPO resultará en la excarcelación de miles de personas.
El máximo tribunal mexicano debe realizar su función de interpretar considerando la realidad de nuestro país, en el que 70 por ciento de las personas que se encuentran privadas de la libertad son pobres, en donde el acceso a la justicia no es igual para todas y todos y en el que los defensores de oficio logran probar la inocencia de sus representados únicamente la mitad de las veces que los abogados particulares. Ojalá que los y las ministras hagan caso al consejo dado por el presidente de dicho órgano y vayan a las cárceles de este país, que conversen con las personas privadas de la libertad y sus familiares, para que la próxima vez que tengan la oportunidad de discutir y decidir sobre un tema tan relevante para nuestro país, lo hagan con mayor conciencia y empatía. Porque la responsabilidad de la SCJN pasa por defender el orden establecido en la Constitución, mediante una constante revisión de la realidad existente, a través de una profunda reflexión sobre el papel que juega en la impartición de justicia.
La SCJN acordó la elaboración de un nuevo proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa en breve. Habrá que ver qué alcances tendrá dicha propuesta y si alcanzará un mayor consenso en el seno de la Corte.