Jabonera la Espuma S.A. de C.V.
Los hombres del poder que tienen acceso a los secretos de Palacio Nacional calcularon que, con la salida de Ignacio Ovalle Fernández de Segalmex, se disiparían los problemas que, desde su creación en 2018, arrastra el organismo encargado de buscar la autosuficiencia alimentaria y favorecer a la población más vulnerable, pero que en la práctica, ha sido la ventana para sustraer con relativa facilidad sumas millonarias del erario por la laxitud de sus reglas de operación. Ovalle Fernández encabezó una polémica gestión en la otrora Conasupo, que terminó por obligar al presidente Andrés Manuel López Obrador a relevarlo apenas en abril, luego de cuatro años en los que la Auditoría Superior de la Federación, así como los auditores externos, encontraran anomalías y montos por aclarar que rondan los nueve mil millones de pesos. La ya sabida historia derivó además en cateos a las empresas involucradas y órdenes de aprehensión contra una decena de funcionarios que participaron en la primera etapa de Segalmex.
El problema ahora es que, de acuerdo con la plataforma Compranet, la nueva administración a cargo de Leonel Cota Montaño adjudicó directamente, el pasado 8 de agosto, un contrato para la adquisición de blanqueadores y jabones a una pequeña empresa de Michoacán que supera el monto del presunto desfalco fraguado durante el periodo de su antecesor, más específicamente, por nueve mil 976 millones de pesos como parte del Programa de Abasto Rural.
Hasta antes de la llegada de Cota Montaño, Jabonera la Espuma S.A. de
C.V., había conseguido, desde su creación en
1985, un total de 79 millones de pesos en contratos en la administración pública, prácticamente todos ellos adjudicados por Diconsa para la venta de “abarrotes no comestibles” y “blanqueadores”, ninguno de ellos había superado los cuatro millones de pesos.
La mencionada compañía tiene como socios y fundadores a personajes de apellidos Ambriz Domínguez y Domínguez Arizmendi, miembros de una familia que ha acompañado diversas administraciones priistas y perredistas en la entidad que hoy gobierna Alfredo Ramírez Bedolla; sobre todo en el municipio de Zitácuaro, donde se creó y floreció a la sombra del priista Armando Ruiz Santana, munícipe cuya esposa era María de Lourdes Ambriz Domínguez, y antecesor de Silvano Aureoles Conejo en el encargo.
Durante esa administración, el Congreso del estado detectó que las empresas del edil, su esposa y sus familiares, recibieron de forma irregular más de 30 millones del presupuesto municipal para proveer distintos bienes y servicios. Esos mismos apellidos a los que hoy Leonel Cota Montaño entregó un convenio millonario que, según pudo consultar este reportero, es prácticamente imposible de cumplir si se toman en cuenta los volúmenes de insumos que el pequeño proveedor deberá entregar para abastecer 25 mil puntos de venta Diconsa en un plazo de 10 días.
La ya sabida historia derivó además en cateos a las empresas involucradas