Contra la propiedad privada
Está más que claro que a muchos simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación no les gusta el capitalismo, que los más radicales terminarían con la propiedad privada y dejarían en manos del Estado “los medios de producción”. Sin embargo, en el marco jurídico prevaleciente, a pesar de que el presidente presione a la Suprema Corte, sigue existiendo la propiedad privada, sigue siendo posible que una persona tenga más de un inmueble y obtenga beneficios económicos de ponerlos en renta. No obstante, en Santa Fe está ocurriendo algo que sin duda genera alertas.
Santa Fe es un suburbio habitacional y de negocios, que tuvo su auge en la década de los 90. Hay corporativos, plazas comerciales y edificios habitacionales, pronto tendrá una parada del Tren Interurbano México-Toluca. Bajo las lógicas urbanas actuales, no sería deseable urbanizar terrenos a 15 kilómetros del centro, pero no era lo que se vivía a fines de los años 80, cuando el terremoto de 1985 marcó tendencias centrípetas en el desarrollo urbano.
Con la visión de esos años, el desarrollo urbano ocurrió en torno a la prolongación de Paseo de la Reforma. Ahora hay pasos a desnivel y muchas otras avenidas, además de una conexión de cuota con el sur de la ciudad. Dominan los edificios modernos de decenas de niveles y, desde hace un lustro, la cereza del pastel es el Parque de la Mexicana. La zona, pues, tiene valor.
La Fiscalía General de la República, esa institución que fue usada por el propio fiscal para perseguir a su familia política con delitos inventados, ahora desempolva un decreto del porfiriato que define ciertos terrenos como propiedad federal, a solicitud del INDAABIN. De forma agresiva, utilizando a un área especializada en delitos contra el terrorismo, la FGR está asegurando inmuebles en Santa Fe y nadie puede acercarse, siquiera, a tomar fotografías, como ocurrió a quien se identifica como @macciuddano, hace unos días, so pena de convertirse en sospechoso ... de lo que se le ocurra al siniestro Alejandro Gertz Manero.
Uno de los predios asegurados por la Fiscalía General de la República, salió publicado en 2020 en el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Realización de Proyectos Inmobiliarios, suscrito por la Jefa de Gobierno el 24 de marzo de 2020. Es decir, la Ciudad de México promueve la inversión privada en un predio que la Federación reclama como suyo.
En el contexto de un gobierno con componentes radicales opuestos a la propiedad privada y al capitalismo, con un fiscal cuya deshonestidad quedó probada desde la Suprema Corte de Justicia, la postura de la FGR es absolutamente preocupante.
No parece haber elementos legales para que decretos previos a la Constitución de 1917 sean válidos, menos en el contexto de un Santa Fe moderno que nació justamente cuando el Departamento del Distrito Federal dependía de la Federación.
Si el Gobierno Federal tiene elementos que demuestren la propiedad, debe transparentarlos y seguir un proceso judicial, no usar los sellos de aseguramiento de la Fiscalía General de la República como base de la negociación. No parece ser así, les gusta el acto de abuso y la corrupción, donde la Federación sólo es el vehículo para una corruptela más de un gobierno con piel de oveja pero esencia de incertidumbre, y un fiscal en el que nadie, ni su familia, puede confiar.