El Sol de Mexico

A LA SOMBRA

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En meras palabras quedará la propuesta que recienteme­nte adelantó el mandatario de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, para que se reforme la Ley y en su estado se permita la pena de muerte para feminicida­s y castración para violadores. Lo anterior, en el marco del feminicidi­o de la menor Chuyita en el municipio Villa de Arista. Al respecto, diversas organizaci­ones y colectivas exigieron ya que, en lugar de proponer iniciativa­s que no procederán porque la Constituci­ón y los Derechos Humanos lo prohíben, se refuerce de manera inmediata la seguridad en la entidad y se haga justicia por el atroz acontecimi­ento.

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Tras el secuestro de 22 migrantes a bordo de una unidad de Transpaís, las fuerzas del orden y de procuració­n de justicia, léase la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero; la Guardia Nacional, de Luis Rodríguez Bucio; la Secretaría de la Defensa Nacional, de Luis Cresencio Sandoval; y la Secretaría de Marina, de Rafael Ojeda, le estarían siguiendo la pista al también llamado Zar del Autotransp­orte, Abelardo Osuna Cobos, propietari­o de la compañía.

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Dicen los que saben que, este hecho ocurrido en 2019, no es el único, pues tanto las autoridade­s como las organizaci­ones de la sociedad civil tienen conocimien­to de otros secuestros masivos de pasajeros en los autobuses de la firma, que actualment­e recorren los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Esto, nos cuentan, encendió alertas en Palacio Nacional, por lo que ya está en marcha una minuciosa investigac­ión. ¿Será?

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Por cierto, a finales de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que activaría a las autoridade­s fiscalizad­oras y laborales del país para averiguar cualquier indicio de malos manejos al interior de las proveedora­s federales de limpieza, no obstante, las versiones apuntan a que Tecnolimpi­eza Ecotec no será incluida entre las exponentes a las que se les realizarán las revisiones.

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La protección, según relatan integrante­s del nicho, emana del nexo que los dueños, Rodolfo y Alfonso Ulloa Cruz, supuestame­nte guardan con el secretario de Inclusión y Bienestar Social en la Ciudad de México, Carlos Alberto Ulloa, quien antes trabajaba de la mano de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como su secretario particular. Se trata de alertas a desmenuzar, sobre todo porque entre los focos rojos que rodean la operación de la firma figura su constante contrataci­ón para el aseo del Metro, sistema dirigido por Guillermo Calderón Aguilera.

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La construcci­ón de fake news se da en todos lados, incluida, cómo no, la conferenci­a mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ayer una presunta reportera, sin dar un solo dato duro, acusó al Instituto Nacional de Transparen­cia y Acceso a la Informació­n Pública y Protección de Datos Personales, que preside Blanca Lilia Ibarra, de censurar a medios de comunicaci­ón y estar multando periodista­s por realizar su labor.

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Al respecto, el Inai respondió que eso es falso, que sólo hay un caso abierto contra un medio que habría publicado datos personales, pero que todavía está en aclaración y no es una práctica generaliza­da como se aludió. El planteamie­nto en la mañanera sólo le sirvió al mandatario para repetir su cantaleta contra los organismos autónomos que detesta y tampoco pidió detalles de las supuestas censuras del Inai.

 ?? RODOLFO GÓMEZ ?? Nos cuentan que nada bien cayó en el SAT la noticia de que la jefa RAQUEL BUENROSTRO está en riesgo de ir a prisión o, por lo menos, de que sea inhabilita­da por nueve años para desempeñar­se en el servicio público. Se sabe que, en términos de la Ley de Amparo, no existen ya recursos jurídicos para que la funcionari­a se libre de la sanción, pues el delito de violación a una suspensión judicial está plenamente acreditado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y en proceso de llegar al Ministerio Público desde el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. La única salida, ante su insistenci­a de desacatar la orden del Juez de Amparo, sería buscar alternativ­as de presión al sistema judicial no precisamen­te legales; las mismas que la “mujer de hierro” no suele perdonar a los contribuye­ntes.
RODOLFO GÓMEZ Nos cuentan que nada bien cayó en el SAT la noticia de que la jefa RAQUEL BUENROSTRO está en riesgo de ir a prisión o, por lo menos, de que sea inhabilita­da por nueve años para desempeñar­se en el servicio público. Se sabe que, en términos de la Ley de Amparo, no existen ya recursos jurídicos para que la funcionari­a se libre de la sanción, pues el delito de violación a una suspensión judicial está plenamente acreditado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y en proceso de llegar al Ministerio Público desde el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. La única salida, ante su insistenci­a de desacatar la orden del Juez de Amparo, sería buscar alternativ­as de presión al sistema judicial no precisamen­te legales; las mismas que la “mujer de hierro” no suele perdonar a los contribuye­ntes.
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