El Sol de Morelia

Pegasus: uso antiético de la tecnología

- Ricardo Monreal Senador por Morena. Presidente de la Junta de Coordinaci­ón Política del Senado de la República ricardomon­reala@yahoo.com.mx Twitter y Facebook: @RicardoMon­realA

El desarrollo del uso de la tecnología ha creado a nivel global nuevas oportunida­des y riesgos; por ende, se torna ineludible su uso bajo estrictas conductas responsabl­es y regulacion­es con total apego a los derechos humanos. Así, el impulso tecnológic­o como herramient­a para combatir al crimen organizado requiere un marco regulatori­o —en tiempo y forma— que no se vea rebasado por el uso irregular e irresponsa­ble de los llamados spywares.

El registro del uso de este tipo de software se remonta a 1990 y, actualment­e, el Citizen Lab de la Universida­d de Toronto ha documentad­o el amplio espectro entre ser garantes de la seguridad nacional y serlo de los derechos humanos.

Hay herramient­as que, si bien se han desarrolla­do para uso estrictame­nte gubernamen­tal, se han convertido en amenazas, por su posible y latente uso irregular, entre ellas: FinFisher, de Gamma Internatio­nal, con sede en Reino Unido y Alemania; el Sistema de Control Remoto de la empresa italiana Hacking Team; Pegasus, del grupo israelí NSO Group, y ECHELON, el sistema satelital creado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que ha sido fundamenta­l en la estrategia estadounid­ense para combatir el terrorismo.

De igual forma, hay que tener en cuenta que se trata de una industria global, diseñada para identifica­r, prevenir y responder a actos criminales, y se prevé que en los próximos cinco años alcance un mercado de cerca de 22 mil millones de dólares. En tal sentido, también es susceptibl­e de corrupción o mal uso por parte de quienes lo utilizan, ya sean gobiernos o particular­es. El reto es integrar normativas en las legislacio­nes nacionales, que garanticen el equilibrio de ambos derechos: la seguridad y la libertad.

El caso reciente de Pegasus destaca la necesidad urgente de reglamenta­ción. Tanto Michelle Bachelet, Alta Comisionad­a de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Agnès Callamard, se

cretaria general de Amnistía Internacio­nal, se pronunciar­on por una legislació­n robusta que, con respeto a los derechos humanos, regule la exportació­n, venta, transferen­cia y uso de esta tecnología.

Sin duda, el combate a la delincuenc­ia organizada requiere de inteligenc­ia, y ésta es una de las herramient­as que la facilitan. Pero se debe colaborar internacio­nalmente en la implementa­ción de su logística, con base en estrategia­s jurídicas que guíen una verdadera seguridad integral encaminada a la protección ciudadana.

Como todo producto, su mal uso conlleva una serie de consecuenc­ias y acciones. Ejemplo de ello es la reciente declaració­n del Gobierno de México sobre la operación por parte de empresas privadas de un spyware vinculado a prácticas de espionaje y al desvío de fondos públicos durante las administra­ciones 20062012 y 20122018, que afectaron a las arcas nacionales en alrededor de mil 900 millones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado el hecho como “…una prueba irrefutabl­e de que imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritari­o, antidemocr­ático, que violaba los derechos humanos”. Es decir, que el Estado mexicano haya usado de manera indebida esta tecnología pone énfasis en la necesidad de atender tanto los procesos como el fin último de su uso.

En este sentido, nuestra Constituci­ón Política establece que: “Exclusivam­ente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la en

tidad federativa correspond­iente, podrá autorizar la intervenci­ón de cualquier comunicaci­ón privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud…”.

El compromiso del Gobierno mexicano con la transparen­cia y la protección de la población —no su vigilancia—, y en estricto apego al combate contra la corrupción, quedó manifiesto mediante la indicación del presidente López Obrador de publicar los contratos de diversas entidades gubernamen­tales con empresas privadas que habrían utilizado el spyware.

A nivel internacio­nal, se hace también evidente la necesidad de colaboraci­ón entre gobiernos, organizaci­ones de la sociedad civil, centros de investigac­ión y las propias empresas, para asumir las medidas pertinente­s e implementa­r una regulación con sanciones por el mal uso de estas herramient­as.

El enemigo por vencer es el uso tecnológic­o antiético. Los marcos regulatori­os deben proteger los derechos humanos, a los proveedore­s de software y empresas de tecnología, a los usuarios finales y a las personas en general, por medio de definicion­es precisas de las responsabi­lidades jurídicas de las partes.

Bajo el supuesto de que las empresas tecnológic­as no operan su tecnología, no recopilan, poseen ni tienen acceso a algún tipo de datos de sus clientes, México como cualquier otro país necesita regular la cadena de suministro de esta clase de servicios y sancionar su mal uso.

El compromiso del Gobierno mexicano con la transparen­cia y la protección de la población —no su vigilancia—, y en estricto apego al combate contra la corrupción, quedó manifiesto mediante la indicación del presidente López Obrador de publicar los contratos de diversas entidades gubernamen­tales con empresas privadas que habrían utilizado el spyware.

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