Chocan militares y grupo minero
El enfrentamiento deja 18 civiles muertos; la zona rica en yacimientos ha desatado la violencia entre bandas rivales
GUASIPATI, Venezuela. Un enfrentamiento entre militares y mineros ilegales en el sur de Venezuela dejó 18 civiles muertos, reportaron medios locales, aunque autoridades declinaron dar cifras de fallecidos argumentando que aún se están realizando investigaciones en una zona golpeada por la violencia.
El gobernador del sureño estado de Bolívar, Justo Noguera, dijo que una comisión del Ejército repelió el ataque que, según medios locales, ocurrió el sábado en la mina Cicapra, en la ciudad de Guasipati, ubicada a 825 kilómetros de Caracas. Entre los muertos había una mujer.
"Sí, hubo un ataque a una comisión militar que estaba ejerciendo labores de soberanía", dijo Noguera. "No estoy en este momento autorizado para dar los números", agregó al ser consultado sobre los fallecidos.
Más tarde, un diputado opositor de la Asamblea Nacional dijo que familiares afirman que los mineros "murieron con tiros en la cabeza", por lo que pidió "profundizar una investigación".
"Las #Masacres son una política de Edo de la #Narcodictadura", escribió el diputado por el estado Bolívar, Américo De Grazia, en su cuenta en la red social Twitter.
"Presunto choque entre ejército y mineros con saldo de 18 mineros asesinados es preocupante. ¿Nueva masacre?", cuestionó una ONG
El presidente Nicolás Maduro decretó en el 2016 una vasta área del estado como una zona estratégica denominada Arco Minero -con importantes yacimientos de oro, diamantes y coltán-, argumentando que había que acabar con la minería ilegal, que ha desatado la violencia entre bandas rivales por el control de las minas y ha dejado graves daños ambientales.
En un intento por conseguir fondos para compensar una caída de los ingresos petroleros, que agudizó la crisis económica y social, el gobierno dijo que convocó a decenas de empresas locales y extranjeras para explorar y explotar el área y generar otra fuente de recursos.
Pero reportes de prensa y opositores políticos han denunciado que lejos de organizar la minería, las bandas han ganado cada vez más poder y han creado una red delictiva que ha corrompido las débiles instituciones.