Vinculan a Marcelo González Tachiquín por peculado de $23 millones
El juez de Control, Luis Carlos Flores Morales, fue el encargado de realizar la vinculación al ex funcionario estatal, determinando que el imputado había cometido el delito de peculado según la causa penal 11/2019, durante su gestión como titular de Educación en Chihuahua, donde solicitó 23.2 millones de pesos para entregarlos al cuñado de Enrique Peña Nieto, Juan José Chimal, los empresarios Pedro Pinzón y Salvador Zuleta. Con este recurso, se pretendía tener un análisis de las finanzas estatales, sin embargo, Marcelo González inició la gestión para “quedar” bien con los contactos en la Ciudad de México.
CHIHUAHUA, CHIH.- Comandantes, ministeriales y agentes de la Comisión Estatal de Seguridad, están involucrados en una red estatal de protección de robo de combustible en Chihuahua, los cuales reciben pagos mensuales de hasta 50 mil pesos por brindar protección y permitir la perforación de ductos de Petróleos de México (Pemex), según la investigación que sostiene la Fiscalía General del Estado.
Dentro de la investigación se establece que en esta red de huachicol en Chihuahua, se permite la perforación de los ductos, colocación de válvulas y la extracción del combustible de Pemex, en coordinación de los agentes de seguridad que dan “pitazo” de cualquier intervención u operativo especial.
Por lo menos seis agentes son los que podrían estar involucrados en esta red de protección, que brindan información y realizan una serie de acciones para que un grupo de delincuentes aproveche el robo de combustible en la ciudad y algunas carreteras del estado, por lo que reciben un pago extra o una “cuota” mensual.
Los delincuentes son alertados sobre la presencia de compañeros por la zona donde perforan los ductos, así como de los operativos especiales, por lo cual no son detenidos y en cambio se llevan decenas de miles de litros de combustible, lo que genera millonarias ganancias y de donde sale el pago para dichos sobornos, según se ha dado a conocer al interior de la Fiscalía General del Estado.
Esta investigación inició a raíz de la detención de dos sujetos, identificados como Miguel Armando Núñez González y Francisco Javier Zamarrón Carrasco, quienes rindieron su declaración y explicaron que su labor era extraer el combustible y entregar dinero a policías de la Comisión Estatal de Seguridad, que brinda protección.
Sin embargo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y el día de ayer les formularon imputación por el robo de combustible, por lo cual seguirán en prisión preventiva por un año más, en lo que continúan las investigaciones.
Otra información recabada del caso, es que los detenidos eran los encargados de realizar el pago a los agentes, y ellos mismos pretendían cumplir con su tarea la noche que fueron presentados, pero en cambio agentes de seguridad los aprehendieron en una especie de “traición” por instrucción del gobernador del Estado, Javier Corral Jurado de combatir el robo de combustible.
Desde el jueves iniciaron las investigaciones al interior de la corporación para dar con los agentes que fueron señalados de brindar esa seguridad a los delincuentes que roban hidrocarburos de los ductos de Pemex y que además reciben pagos mensuales por esta estrategia de colaboración.
Se ha recabado el nombre de algunos de los involucrados, pero debido al proceso de investigación y ante la falta de más pruebas que los vinculen con la protección a los delincuentes, se han reservado las identidades de los responsables, siendo la mayoría de ellos de la Comisión Estatal de Seguridad.
En varias ocasiones agentes de seguridad han colaborado con los grupos dedicados al robo de combustible, desde hace años, pues algunos de ellos han sido detenidos en pleno robo, cuando cargaban pipas o trasladaban decenas de miles de litros en contenedores como ocurrió en Ignacio Zaragoza hace unas semanas.
De igual forma, integrantes del crimen organizado son los principales interesados en el robo de combustible en Chihuahua, ya que de ahí obtienen recursos extras para la operación de su flotilla de vehículos y la venta clandestina a estaciones de gas en puntos despoblados de las Sierra Tarahumara.