Los intocables de Ayotzinapa
Días antes de acto oficial que encabezó el sábado 26 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador, para conmemorar seis años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se supo que una de las órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba cumplir por el caso era contra el capitán José Martínez Crespo, el oficial que iba al mando de los soldados aquella noche que salieron a las calles de Iguala.
En ese evento el jefe del Ejecutivo anunció que había órdenes de captura contra militares que participaron en los hechos, donde seis personas perdieron la vida durante el tiroteo contra los estudiantes encabezado por pistoleros del grupo criminal autodenominado “Guerreros Unidos”, apoyados por agentes de las policías municipales de Iguala y Cocula.
Desde entonces el nombre del capitán Martínez Crespo fue uno de los que se mencionó en el despliegue que hizo el 27 batallón de infantería con sede en Iguala. Este oficial de infantería era conocido por su paso en la temida Policía Judicial Federal Militar. Su perfil destaca porque cuando perteneció a esta corporación, solía ser visto en unidades operativas para investigar posibles actos de colusión de mandos castrenses con la delincuencia.
El capitán Martínez Crespo tendrá mucha información no solo sobre lo ocurrido aquella noche en Iguala, sino sobre el antes y después de la desaparición de los 43 estudiantes. En caso de ser detenido es posible que se vea en el dilema de decir todo lo que sabe y referir que como buen militar no se mandaba solo.
Porque la figura del capitán Martínez Crespo aparece como el eslabón más débil de la cadena de mando que se supone debería de investigar la FGR si buscara aclarar a fondo lo que ocurrió en Iguala hace seis años.
Hasta el momento no hay indicios de que la investigación vaya más allá de las atribuciones que tuvo no solo el capitán, sino su superior inmediato el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del batallón 27. Por declaraciones de familiares de los jóvenes desaparecidos, la responsabilidad penal se circunscribiría en soldados y oficiales. Se ha mencionado a tres tenientes junto al capitán Crespo, quienes tendrían que rendir cuentas por lo que hicieron y dejaron de hacer aquella noche.
Lo que se dibuja en el horizonte es una tímida respuesta a las exigencias de justicia, donde se recurriría al viejo artilugio de los “chivos expiatorios”. En un Estado democrático y de pleno acceso a la justicia, una fiscalía profesional no debería investigar solo a quienes tuvieron conocimiento e informaron de los hechos, sino a quienes tuvieron poder de decisión para actuar durante y después de ocurrido en el ataque contra los estudiantes.
Y se trata de la cadena de mando que durante los sucesos de Iguala estuvo integrada por el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional; Roble Arturo Granados Gallardo, jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional; Martín Cordero Luqueño comandante de la novena región militar que abarca el estado de Guerrero; Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo; y el entonces coronel Rodríguez Pérez.