Sube 62 % la recaudación por fotomultas en octubre
Los recursos que recaudó el gobierno estatal en octubre de este año por concepto de fotomultas registraron un incremento del 62 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2017. En el mes que se presentó el aumento, debe recordarse, inició la aplicación de estas sanciones a los vehículos foráneos por parte de la gestión de Antonio Gali Fayad.
Y es que el mes pasado las arcas estatales captaron 3 millones 115 mil 374 pesos de parte de los dueños de los vehículos que excedieron los límites de velocidad establecidos en las vialidades estatales, mientras que en octubre de 2017 la recaudación apenas fue de un millón 922 mil 882 pesos, según datos de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).
A partir del 1 de octubre se concretó la aplicación de fotomultas a los vehículos foráneos y para ello todas las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública traen cargado un programa para detectar y cazar a estas unidades. En ese entonces las autoridades revelaron que el 67 por ciento de estas infracciones las cometen unidades con placas de otros estados. El incremento en los recursos recaudados por las fotomultas no es exclusivo de octubre, dado que en todos los meses, excepto en marzo, se han tenido aumentos en comparación con el año pasado.
En los primeros 10 meses de este año se han recaudado 79 millones 068 mil 716 pesos y en el mismo lapso del año pasado fueron 58 millones 478 mil 455 pesos, lo que representa un aumento del 35 por ciento.
En el gobierno de Antonio Gali Fayad se han recaudado 135 millones 520 mil 090 pesos, siendo marzo el mes del año pasado cuando más dinero se ha percibido: 35 millones 939 mil 443 pesos. El incremento de marzo se debe a que fue el último mes que los poblanos tuvieron para pagar el control vehicular para que no se les activara la tenencia y para ello debían estar al corriente en sus pagos vehiculares, como por ejemplo no tener fotomultas. El programa de las fotoinfracciones, cuyo nombre correcto es Monitor Vial, fue implementado en agosto de 2013 por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, quien, a pesar de las críticas, aseguró que no tenía fines recaudatorios.