Hacia la participación ciudadana
En los albores de un nuevo sexenio, se desarrolló durante estos días una consulta popular, ahora bien previo al avance de la misma y durante el tiempo que esta se desenvolvió, especialistas en materia de derecho constitucional analizaron las áreas de opo
Discutir sobre las inconsistencias en el camino a la transparencia y combate a la corrupción en las asignaciones de los contratos vinculados al nuevo aeropuerto, se convertirá en uno de los aspectos claves a analizar por esta nueva administración, pues la selección de estos mecanismos contractuales se había convertido, ya, en uno de los talantes a evaluar por organizaciones internacionales tales como el Banco Mundial, la OCDE, Transparencia Internacional en vinculación con el INAI, la Secretaría de la Función Pública y la Alianza para el Gobierno Abierto. Es sabido que a nivel internacional los tratados en materia de combate a la corrupción se enfocan a la prevención y sanción de los mecanismos de asignación de los contratos del sector gubernamental, pues está demostrado que es en estos espacios donde más actos de corrupción se llegan a cometer, tarea importante para la nueva administración federal será verificar dichos aspectos derivados de las decisiones tomadas hoy.
Para poder realizar esta consulta popular, debieron estudiarse la planeación y asignación de recursos tomadas por la administración anterior, las cuales deberían haber contado con el aval de instituciones federales competentes, entre ellas la COFEMER; así como, las bases, estudios y dictámenes económicos y administrativos que justificaran una consulta para iniciar un nuevo proyecto; todo lo anterior de suma importancia, pero innecesario sin la falta de involucramiento de un mayor porcentaje de la población nacional, ya que como se ha difundido solo un 10% de los 129 millones de habitantes participó en esta consulta.
Ahora bien el reto es más elevado, obviando las críticas de afamados constitucionalistas en la materia, es y deberá ser conocer a fondo el nuevo proyecto, su impacto nacional, económico y político, así como los plazos para su desarrollo, la transparencia en la asignación de los nuevos contratos y el cumplimiento de los demás requisitos normativos en la materia, aunado que se deberá alcanzar la mayor proactividad para involucrar en esta gestión a los ciudadanos en la toma de decisiones de trascendencia nacional. Hoy más que nunca cualquiera de los inversionistas en este y otros proyectos de impacto nacional, deberán acreditar no tener vínculos con actores del sector político nacional y local ni con sus familiares, máxime el cumplimiento a cabalidad de todos y cada uno de los principios que ha fijado el nuevo sistema nacional anticorrupción.