Hartos de inseguridad y libertad a detenidos
Deficientes actuaciones de ministerios públicos, son algunos de los antecedentes que generaron la manifestación protagonizada el viernes por unos 330 habitantes de la junta auxiliar cuetzalteca de San Miguel Tzinacapan y la creación de comités de seguridad comunitaria, así como de guardias comunitarias indígenas en este municipio, según el relato de lugareños de este Pueblo Mágico.
Mientras ocurría el encuentro de la comisión con autoridades para destrabar el conflicto, el sábado pasado, lugareños señalaron que –hace unos tres años– Juan y Pedro, los hermanos que suscitaron la manifestación de la comandancia de Cuetzalan, han sido señalados como presuntos responsables de robos, asesinatos, tráfico de sustancias ilícitas, hechos que las autoridades locales sabían y no habían hecho nada.
Las fuentes señalaron que, en octubre pasado, uno de los hermanos intentó violar a una mujer de 29 años, quien pudo defenderse y golpeó al agresor. En esa ocasión las autoridades ministeriales dijeron que no podía consignarse por el delito de violación, porque el hecho no se consumó y el agresor se convirtió en víctima.
Apenas el lunes pasado, Pedro agredió al hermano del presidente auxiliar de San Miguel Tzinacapan, lo que generó que más de 100 personas fueron a su casa para correrlo del pueblo, pero la policía lo defendió por temer que fueran a lincharlo. La noche de ese mismo día, la ministerio público dijo que no hay indicios para su detención, lo que generó malestar entre la población. Hoy se sabe que son de una comunidad de Veracruz.
No es el único caso en el que una – aparente– mala actuación del Ministerio Público termina dejando la sensación de impunidad; según las fuentes, el viernes de la semana pasada fue asaltado y herido un hombre de 65 años de edad, con un arma de fuego. La familia estuvo esperando que llegara un agente para tomarles su declaración, lo que nunca ocurrió.
Los habitantes señalan que en Cuetzalan como en Xochitlán se han dado con frecuencia los robos a casa de habitación. Esto ocurre en el marco en donde las autoridades federales señalan a Puebla como una de las más violentas del país.