EN PUNTO
Nancy de la Sierra Arámburo levantó la mano para competir por la gubernatura. La senadora del PT y esposa del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Juan Espinosa Torres, por fin reconoció en público lo que se decía que era su interés particular por convertirse en gobernadora de Puebla.
Y lo hizo en una conferencia de prensa.
En medio de la crisis política que viven los poblanos, dijo que el primer paso es que los integrantes del Poder Legislativo definan al mandatario interino.
Luego, añadió, corresponde a los partidos que integraron la coalición Juntos Haremos Historia llegar a un acuerdo para postular candidato a la contienda extraordinaria.
Ese acuerdo, abundó, debe consistir en reponer el proceso desde el comienzo, es decir, realizar una encuesta para medir a los aspirantes, incluido Luis Miguel Barbosa Huerta. Entre esos aspirantes se anotó ella misma, por supuesto.
Barbosa ya tiene competidora al seno de los partidos lopezobradoristas.
Para un país como México, en un momento de transición como este, en búsqueda de paz y justicia social y poner alto a la corrupción y delincuencia, resulta de vasta importancia garantizar los derechos de las víctimas de toda clase de delitos, sabiendo que actualmente existen múltiples obstáculos para su efectivo goce.
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El mismo día que De la Sierra salió a decir que quiere ser candidata a gobernadora y competir contra Barbosa, el senador Alejandro Armenta Mier, también emanado de la coalición lopezobradorista, emitió un pronunciamiento con relación a la próxima elección extraordinaria.
Armenta Mier se hizo a un lado.
Afirmó que no será factor de división al seno de los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia y anunció su respaldo a la eventual candidatura de Barbosa.
Así lo expuso:
“Lo digo con claridad: la decisión que tomen, o si ya la tomaron a favor de Luis Miguel Barbosa, como lo hizo Yeidckol, la presidenta de Morena, y esta es ratificada en la coalición del PT y el PES, yo la voy a apoyar sin mezquindad. Por eso, este llamado lo hago a los de adentro, para que no se pongan nerviosos. Somos amigos, somos aliados, nos vamos a apoyar con humildad y disposición”.
Eso parece una declinación absoluta por Barbosa.
Sin embargo… apuntó algo más:
“Nunca seré objeto de división. Solo que sea factor de unidad podré participar”.
Como esas clásicas posturas de los políticos en las que se descartan, pero no se descartan.
Por si acaso.
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La Ciudad Modelo Audi ha resultado un rotundo fracaso. Pese a las promesas externadas por el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, hoy fallecido, ese centro habitacional y de servicios que quedó establecido en torno a la armadora alemana es un elefante blanco, con poca gente, sin tiendas ni atracciones.
Los detalles aparecen este día en un reportaje especial elaborado por la reportera Verónica de la Luz.
Ahí encontrará todo.
Con el objetivo de proteger, dar atención y reparar el daño de las víctimas, se creó la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, y cuya última reforma publicada en el mismo ordenamiento fue el 3 de enero de 2017. Al día de hoy, según datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se ha dado un incumplimiento en las entidades federativas, pues hasta diciembre de 2018 solo 14 entidades habían realizado una armonización integral de la ley, mientras que 18 lo han hecho de forma parcial. Esto, sin duda, deja a muchas víctimas sin protección, vulnerando sus derechos.
Es por ello que resulta imperativo que exista en todas las entidades una comisión que regule su óptima implementación.
La mencionada ley está dividida en 10 títulos: disposiciones generales; de los derechos de las víctimas; medidas de ayuda inmediata y humanitaria; medias de asistencia y atención; medidas de reparación integral; sistema nacional de atención a víctimas; de la distribución de competencias; fondo de ayuda, asistencia y reparación integral; de la capacitación, formación, actualización y especialización; y de la asesoría jurídica y de las entidades federativas de atención a víctimas.
Cabe mencionar que esta ley busca reconocer y garantizar los derechos de quienes han sido víctimas directas, indirectas (ofendidos) o potenciales (persona cuya integridad física o derechos peligran por prestar asistencia a la víctima) de un delito, así como víctimas de violaciones a derechos humanos. Considerando como “delito” a todo acto u omisión por las leyes penales. Así como “violación a derechos humanos” como una actuación de servidores públicos o autoridades con la que se omiten la protección de los derechos de las personas o cuando, abusando del cargo o poder concedido, vulneran o niegan dichos derechos.
Esta ley manifiesta que todas lad víctimas tienen los mismos derechos. Asimismo, reconoce y protege como víctimas a los grupos, comunidades, colectivos y organizaciones sociales que han sido afectados por delitos o violaciones o sus derechos o libertades.
Cabe mencionar que, para cumplir con ello, los servidores públicos integrantes de las instituciones correspondientes tienen la obligación de garantizar estos derechos dictando las medias necesarias, a fin de evitar su continuación, mediante las acciones que correspondan: imponiendo sanciones, resolviendo las solicitudes presentadas, dictando medidas precautorias, permitiendo la participación de las víctimas en los procedimientos solicitados, garantizando las medidas alternativas de resolución de conflictos, así como escuchando a las víctimas antes de resolver cualquier acto o medida que repercuta o se vincule con sus derechos o intereses y, sobre todo, antes de dictar una sentencia.