Los errores de comunicación en la Ley de Educación
Pocos gobernantes comprenden que la comunicación es el centro de toda relación entre ellos, sus intenciones, sus acciones y sus resultados, y las personas para las que gobiernan. De esa comunicación, buena, regular o mala, depende en buena parte la percepción que sobre la marcha se van formando los ciudadanos de los personajes que detentan el poder, ya sea un presidente de la república, un gobernador o un presidente municipal.
Hace unos días repasábamos en esta columna el pensamiento exhibido por Claudia Rivera Vivanco, edil de la ciudad de Puebla, con el cambio de Rafael Quiroz Corona por Magaly Herrera López, que mostraba esa idea equivocada de que el encargado de la comunicación social es el culpable de todos los males cuando las cosas no caminan bien en el terreno de la aprobación popular.
Sin materia para comunicar, ni Armando Rocha y Rafael Quiroz en su momento, ni Magaly Herrera ahora, podrán hacer que Rivera Vivanco escale de posiciones cada vez que una empresa encuestadora realice un ranking a nivel nacional o se coloque como primera opción de Morena para contender (de nueva cuenta) por la presidencia municipal en los comicios intermedios de 2021.
Algo similar, pero peor, pasa con el gobernador Luis Miguel Barbosa.
El mandatario comunica, y mucho, pero en ocasiones lo hace mal.
Barbosa es su propio comunicador social.
Él quiere abordar todos los temas que competen a su gobierno y se mete con los de instituciones que formalmente no dependen de él, como la Fiscalía General, el Tribunal Superior de Justicia, la Auditoría Superior del Estado y el Congreso, lo que lo ha llevado, en esta ocasión a entramparse con un asunto que nunca fue bien comunicado: el de la recién aprobada Ley de Educación.
El gobernador estalló en contra de los críticos al documento después de fallar en dos procesos elementales para quien, como él, presume de ser avezado en todos los asuntos políticos.
Primero falló en compartir sus intenciones con los involucrados, dueños y responsables de las instituciones de educación superior privadas, principalmente, y después en informar que lo que había hecho consistía en una supuesta réplica –muy mal redactada, por cierto—de lo que ya había aprobado el Congreso de la Unión en la Ley General de Educación.
Una mala asesoría jurídica y una pésima redacción hicieron de un documento aparentemente bien intencionado un escándalo nacional, que se ganó la crítica de personajes tan influyentes como el rector Luis Ernesto Derbez, de la UDLAP.
Tras los errores vinieron otros, pero estos de comunicación, porque se insiste en defender lo indefendible a partir de la descalificación, no de la corrección.
Mientras, los artífices legislativos del entuerto, encabezados por Gabriel Biestro, Nora Merino, Vianey García, Olga Lucía Romero, Emilio Maurer y Tonatzin Fernández, entre otros, ni las manos meten para ayudar a su jefe.