El divorcio que no puede ser
Las relaciones disfuncionales batallan con esta cuarentena. La cercanía del encierro potencia los desacuerdos viejos, en tanto que las crisis que le acompaña abren heridas nuevas. Así pasa con los enfrentamientos recientes entre los estados de la República y el gobierno del presidente López Obrador.
Como matrimonio infeliz, los estados acusan a la Federación de tacañería y necedad en tanto que ésta les reclama ser berrinchudos y gastalones. Sería jocosa la metáfora si en este pleito sabanero no estuviéramos en medio sus 128 millones de hijos.
Las tensiones comenzaron temprano en la pandemia con los reclamos de algunos estados sobre el manejo de la crisis. Los casos más claros de esta desavenencia fueron las críticas de los gobernadores de Jalisco y Baja California, quienes, rayando en la virulencia, acusaron de completa ineficacia al gobierno federal para combatir al Covid-19 e incluso de maquillar las cifras de contagios.
La discusión con el tiempo ha migrado a un tema fundamentalmente presupuestal.
Los estados quieren más dinero ante las presiones de gasto público para el financiamiento de políticas para combate al desempleo por el Covid-19.
En esa línea de reclamo se han colocado Puebla, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Yucatán, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Aguascalientes y Baja California Sur.
Pero aquí es cuando se topan con pared, porque se lo piden a uno de los presidentes más centralistas de la historia reciente y que promueve la austeridad hasta que duela.
Hoy los gobiernos estatales están pagando sexenios enteros de regodearse en albercas de dinero federal sin haber adquirido mayores responsabilidades a cambio.
Durante el panismo de Vicente Fox y Felipe Calderón las entidades se desentendieron de su responsabilidad para con sus finanzas y dejaron que desde la Federación se compraran sus voluntades. Sólo del 2000 al 2006 el gasto federalizado vía aportaciones, participaciones y convenios se duplicó, en tanto que del 2007 al 2012 creció otro 68%.
En su momento se entendió que estas carretadas de dinero en el fondo eran para apaciguar a los que en ese momento eran mayoritariamente gobernadores priistas y que amenazaban con boicotear al nuevo panismo instalado en Los Pinos, pero esta tradición ha traído consecuencias graves: en promedio apenas el 20% de los ingresos totales de los estados no tienen una fuente federal.
En general los estados han delegado a la Federación la responsabilidad en el cobro de impuestos. El ejemplo que llega más rápido a la mente es el fracaso de la Tenencia, el cual la mayoría de estados decidieron dejarlo de cobrar como se debe.
De paso durante dos décadas las entidades no han acabado de establecer mecanismos de transparencia y auditoría del gasto a la altura de las carretadas de dinero que se les da.
A la fecha hay estados en los que los gobernadores aún designan a sus auditores y también aún se publican presupuestos de egresos sin desagregar y en PDF de copias, maldita sea.
Esta falta de iniciativa puede extenderse a las áreas de la economía, la seguridad pública y la normatividad. ¿Dónde quedó la figura del gobierno estatal como promotor del desarrollo económico y garante de la seguridad?, ¿por qué las buenas noticias sobre legislaciones en estados son casi siempre ecos de los que se propone desde la Federación o la Ciudad de México?
Es cierto que estas responsabilidades en los estados son un tema de atribuciones y recursos, pero también les ha faltado imaginación y entrega de resultados dentro de sus esferas de acción.
Estamos entonces en el encontronazo entre el niño malcriado y el padre intransigente. A ver cómo nos va.