Desmitificar a las instituciones

Es necesario desmitificar a las instituciones de este país para fortalecerlas, no para erosionarlas. He aquí algunos ejemplos: En 2016 se amplió el plazo del mandato de cuatro miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tribunal más importante en términos electorales. Terminaba el plazo para el cual fueron nombrados y una mayoría política decidió que lo conveniente era violar la constitución y que permanecieran en el cargo (algo muy similar a lo que ahora se quiere hacer con el presidente de la corte y los consejeros de la judicatura federal). La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que esa decisión era constitucional y que podían permanecer en sus cargos, a pesar de la clara violación a la constitución (curioso: el ministro Zaldívar no avaló esa violación). Se trataba de un tribunal electoral muy cuestionado por su decisión en la elección de 2012, cuando validó el triunfo de Enrique Peña Nieto a pesar de las tarjetas soriana y la inequidad en la contienda presidencial que, hoy se sabe, incluía jugosos sobornos de Odebrecht para beneficiar a Enrique Peña Nieto. También en esa elección, la decisión del Consejo General del INE, con la clara violación de Sergio García Ramírez interviniendo para no sancionar el uso de las tarjetas soriana por parte del candidato Enrique Peña Nieto, habían sido la tónica de un árbitro electoral que necesitó una reforma y una nueva integración, porque de esa elección salió manchado, como ya había sucedido en 2006.

Hablamos de la misma Suprema Corte que no consideró a Televisa como un agente preponderante en el segmento de televisión de paga, a pesar de que su participación en el mercado era (y es) apabullante. Es la misma corte que decidió avalar la consulta para juzgar a expresidentes de la República, y que jugó a elaborar una pregunta constitucional en un asunto que no tiene ni pies ni cabeza, porque la responsabilidad por la comisión de delitos y su investigación no puede dejarse a la voluntad de quienes votan o gritan en las plazas públicas.

En el mismo sentido, ya desde 2006, y bajo el pretexto de darle estabilidad al sistema, el Tribunal Electoral decidió que el presidente de la república había violado la ley, pero solo poquito (si le suena conocido el argumento es porque los beneficiarios de entonces son quienes hoy critican la decisión del mismo tribunal en el caso de Salgado Macedonio). Y el INE de entonces y el INE de ahora siguen teniendo en su germen el cinismo de asumirse como ciudadanos, cuando todos sabemos que pocos consejeros se guían por criterios no políticos al momento de decidir la cancelación de candidaturas, la fiscalización de partidos y campañas o el otorgamiento de registro a nuevos partidos.

El INE es un investigador minucioso de los pequeños anuncios de internet pero no mira la operación electoral que todos los partidos políticos realizan de manera descarada durante las campañas y de forma especial en la jornada electoral. Los ríos de dinero fluyen y el INE nunca se entera.

Hace poco, por ejemplo, le negaron correctamente el registro al partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pero al mismo tiempo avalaron el otorgamiento de registro al nuevos PES, a pesar de que ministros de culto participaron abiertamente en su creación (luego, el tribunal electoral también le daría su partido a Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, de Pedro Haces y Elba Esther Gordillo, duramente cuestionados por cuestiones financieras y de afiliación de sindicalizados).

Todo esto significa que es necesario desmitificar a las instituciones de este país. Los tribunales y el INE, en primer lugar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es el baluarte de justicia que muchos quieren vender, sino un tribunal que, en ocasiones, dicta sentencias muy cuestionables por su cercanía a políticos y empresarios que suelen ser grandes amigos y beneficiarios de sus decisiones.

Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación casi no tendría que hablarse: su papel desde 2006 puede calificarse con un solo adjetivo: entreguista. Sea el gobierno que sea, sus decisiones son a favor de los intereses del gobierno en turno, por decir lo menos.