Concesión del agua
Agudo como es, apreciable lector, seguramente se preguntará usted de dónde es que ha resurgido el interés de la clase gobernante por recuperar en beneficio del Estado el control del servicio de agua potable en el municipio de Puebla y parte de la zona metropolitana, después de que se afirmara, hasta hace poco, que resultaba imposible deshacer la concesión debido al alto costo económico que habría que pagar por ello en calidad de indemnización.
La respuesta a esa interrogante está en la supuesta incapacidad de la empresa Agua de Puebla (Concesiones Integrales) para continuar con la prestación del servicio en los términos comerciales vigentes.
Directivos de esa firma buscaron a representantes del gobierno del estado para pedirles que autorizaran desde el Congreso un incremento en las tarifas de agua, drenaje y saneamiento, con el argumento de que solo de esa manera (con una mayor recaudación por concepto de cobro a los usuarios) podría seguir con el cumplimiento de los acuerdos previstos en el contrato de concesión.
Se sabe que el gobernador Miguel Barbosa no quiso asumir el costo político del eventual aumento a las tarifas y rechazó la petición, enviándole a esos directivos una respuesta negativa.
La postura de Barbosa es comprensible.
En medio de un sentimiento colectivo que condena el otorgamiento de la concesión por parte del extinto Rafael Moreno Valle y después de que los candidatos de Morena, entre ellos él, prometieran en campaña revertir ese acuerdo para devolver el manejo del agua al sector público, sin conseguirlo hasta hoy, habría sido muy arriesgado en términos de imagen acceder al incremento de las tarifas.
¿Imagina un obsequio de esa naturaleza a la empresa cuando abundan quejas contra ella por el servicio?
Con el “no” en la mesa, los dueños de Concesiones Integrales (Agua de Puebla es el nombre comercial) decidieron contraatacar con un amago: “si no hay aumento, devolvemos la concesión, y a ver cómo le hacen ustedes (sin capacidad técnica ni financiera) para hacer frente a la demanda de la gente”.
La especie coincide con el adelanto que una semana atrás hizo el periodista Alejandro Mondragón en la columna que publica en Status, cuando afirmó que Carlos Hank Rhon devolvería el control del agua por inviabilidad financiera.
Aquí es donde se presentó una encrucijada que llevó al mandatario estatal y a los integrantes de su equipo de asesores a evaluar alternativas, caminos políticos, jurídicos y económicos que pudieran ayudar a resolver el problema de fondo. La solución hallada ya la escuchó usted de boca del gobernador.
Dado el enorme reto que significaría para el gobierno del estado quedarse con la responsabilidad de otorgar el servicio de agua a los habitantes de la zona metropolitana, principalmente del municipio de Puebla, en caso de que Hank Rhon cumpliera el amago, la idea es compartir esa carga con el ayuntamiento.
Por eso Miguel Barbosa ha hablado de “remunicipalizar” el servicio.
El siguiente problema, sin embargo, tiene que ver con el municipio, que no tiene cómo asumir una función para la que no está preparado desde hace más de dos décadas, cuando Manuel Bartlett le quitó esa facultad para otorgársela él, como gobernador, a través del Soapap. A partir de una coyuntura inesperada, Barbosa, Morena y sus diputados locales tienen ante sí la posibilidad de cumplir una promesa que hicieron en 2018: revertir la privatización del agua. El punto es que hasta ahora no encuentran la mejor manera de hacerlo. Y Eduardo Rivera les ha dicho ya que, dinero, no tiene.