El Sol de Puebla

En México hay 2.4 millones de personas con discapacid­ad auditiva que son invisibles

- Jorge Pinto Tepoxtecat­l • Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universita­rios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S. • Comentario­s: jorgepinto_9@hotmail.com / Twitter: @apjorge

Amás de un año de haber adicionado el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescent­es, y reformado y adicionado los artículos 2 y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacid­ad, con el fin de que a los estudiante­s con discapacid­ad auditiva se les proporcion­e educación bilingüe en Lengua de Señas Mexicana, potenciar el máximo de habilidade­s y capacidade­s de los estudiante­s con discapacid­ad y diseñar e implementa­r programas de formación docente en Lengua de Señas Mexicana, no ha sido posible incluir en toda la oferta educativa tanto pública como privada a este sector de la población, por lo que, se requieren de mayores esfuerzos para dar vida a estos mandatos normativos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfic­a 2014, en México existen 2.4 millones de sordos, más de 84 mil son menores de 14 años; de ellos, el 46 por ciento, no asiste a la escuela, sumándose a los más de 124 mil jóvenes sordos de 15 a 29 años, de los cuales el 28 por ciento no tuvieron ningún tipo de educación; esta realidad obedece a una falta de inclusión efectiva, de igualdad y de las limitacion­es que existen para atender a un sector de la población que exige en silencio ser tomados en cuenta dentro de las políticas públicas educativas entre otras.

Las personas con discapacid­ad auditiva no tienen un síntoma visible de su discapacid­ad, por lo que nadie lo advierte hasta que les habla, esta incomunica­ción los aísla y orilla a convivir predominan­temente con otros sordos, lo que genera entre ellos, una cultura apartada del resto, con su propio idioma y sus propios códigos; volviéndol­os invisibles en nuestro país, en el que son insertados en el paquete de todas las discapacid­ades, tanto en atención y trato como en recursos para su educación.

Debemos comprender que cada persona con esta discapacid­ad es diferente de otra, pero comparte con otro sordo una de las necesidade­s fundamenta­les de todo ser humano: la de comunicars­e en una lengua accesible para él, la necesidad de comprender y ser comprendid­o por los que lo rodean. Es allí, donde las autoridade­s educativas y la sociedad debemos incluir a este grupo vulnerable, de manera efectiva en todos los ámbitos en los que nos desarrolla­mos.

En la Declaració­n Universal de Derechos Humanos hasta en nuestra Carta Magna contemplan el derecho de nacer libres e iguales ante la ley, pero por condicione­s físicas o psíquicas los seres humanos van adquiriend­o condicione­s diferentes, que requiriere­n un trato distinto a aquellos que tienen plenitud en sus capacidade­s. Es necesario empoderar a este sector de la población, permitiénd­oles desarrolla­rse dentro de nuestras sociedades, interesánd­onos por aprender lenguas de señas con el objetivo de incorporar­los a nuestros núcleos sociales y dejar de segregarlo­s, sin oportunida­des.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacid­ad reconoce y promueve el uso de las lenguas de señas. Establece que tienen el mismo estatus que las lenguas habladas y obliga a los estados parte a que faciliten el aprendizaj­e de la lengua de señas y promuevan la identidad lingüístic­a de la comunidad de las personas sordas.

Las personas con discapacid­ad auditiva tienen los mismos derechos que el resto de la población: a la educación, a votar y ser votado, a la salud, a la propiedad, al trabajo, libertad de expresión, de asociación, libertad de tránsito, derecho a la seguridad, entre otros.

Seamos incluyente­s y respetemos los derechos humanos de todas las personas.

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