Hacienda niega recursos para gratuidad universitaria, acusan
Legisladores federales buscan ampliar fondos. La Secretaría de Educación dice que cada año pide una partida, pero no la asignan
CDMX. Diputados federales y la Secretaría de Educación Pública (SEP) responsabilizaron a Hacienda de no asignar los recursos necesarios para cumplir con la reforma constitucional que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la gratuidad de la educación superior para las y los jóvenes mexicanos.
“El problema es que hoy los más neoliberales de la Cuarta Transformación se encuentran en Hacienda y para ellos la educación no es la mejor inversión para este país, para ellos es un gasto, porque no entienden que no va haber Cuarta Transformación si la educación integral no se da en este país”, aseguró Alfredo Femat Bañuelos, exrector de la Universidad de Zacatecas y legislador federal del PT. En entrevista con Organización Editorial Mexicana, recordó que durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 solo se aprobaron 795 millones para el programa U079 denominado Expansión de la Oferta de Educación Media Superior y Superior, el cual data de hace una década y con el que Hacienda busca simular el cumplimiento de asignar recursos a dicho propósito, una cantidad que, dijo, es “ridícula, no llega ni a un pelo de un gato”.
La SEP también señaló que, en una decisión “ajena” a la dependencia, la Secretaría de Hacienda no ha destinado los recursos necesarios para incorporar a 1.7 millones de jóvenes a las universidades y para que la educación superior sea gratuita, pese a que cada año solicita fondos para ese fin.
“La SHCP no asignó recursos al Programa U079 en el tipo superior en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021”, señaló en un documento.
En medio de la construcción del presupuesto, la SEP presentó un documento en el que estima que para este año se requieren nueve mil 486 millones de pesos, pero no obtuvo el monto calculado.
Se trata de una cifra equivalente al presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cercano al de la Cámara de Diputados (ocho mil 572 millones de pesos) y representa el 6.6 por ciento del presupuesto asignado en este año al Tren Maya.
Según estimaciones de la Secretaría de Educación, para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior de 2023 a 2030, se requieren en total 167 mil 828 millones de pesos.
Así se establece en la Propuesta técnica de la SEP para modificar la denominación del programa presupuestario U079 (a)
Fondo federal para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, elaborada en mayo de 2022.
La SEP indica en dicho documento que hay una reorientación de los programas desde la Secretaría de Hacienda y la prioridad es el Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.
En 2019, el Congreso aprobó una reforma del presidente Andrés Manuel López
Obrador para lograr que las y los jóvenes en el país tengan acceso obligatorio, universal y gratuito a las universidades, normales e institutos tecnológicos. Desde entonces, la SEP ha pedido crear este fondo especial sin conseguirlo, y hoy la ANUIES, conformada en total por 211 rectores de instituciones de educación superior, solicitan esos recursos, según
informó Organización Editorial Mexicana.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, de la que forma parte Femat Bañuelos, también abrió otro frente para cabildear recursos en pro de la gratuidad de la educación en las universidades, y se esperaba una reunión con Hacienda para enero.
“Tenemos todavía pláticas con Hacienda, porque quedamos en que se les iba dar una salida de los ahorros de Hacienda al (Fondo) y no vemos nada, quedamos que inmediatamente regresando de diciembre, en enero, nos iban a recibir para armar la estrategia y ya se acabó enero y no nos han dado la cita. Esa es la preocupación que tengo, porque sostengo que Hacienda de Cuatroté no tiene nada”, dijo.
Durante la discusión del presupuesto, Femat Bañuelos presentó una reserva para asignar tres mil millones de pesos al Fondo federal para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, con el fin de cumplir gradualmente la reforma constitucional, sin embargo, Morena, su partido aliado, la rechazó.
A decir del legislador petista, no concretar el fondo y dotarlo de suficientes recursos va en detrimento de la estrategia para que los jóvenes no sean reclutados por el crimen organizado ante la falta de oportunidades para acceder a la educación superior.
TAREA INFRUCTUOSA
La SEP requirió desde hace tres años cambiar el propósito del Programa U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior, que en la gestión del priista Enrique Peña Nieto (2014 y 2017) canalizó seis mil millones de pesos a 460 instituciones públicas, con lo cual aumentaron las oportunidades para los jóvenes. En ese periodo la cobertura pasó de 33.8 por ciento a 39.7 por ciento en la educación superior.
El 15 de mayo de 2019 se promulgó la reforma al artículo 3 de la Constitución que prevé el derecho de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior
En 2020, la Cámara de Diputados modificó el proyecto de presupuesto del Gobierno federal y asignó 350 millones de pesos para comenzar la reforma constitucional de la educación superior, con el fin de que sea obligatoria y gratuita.
Solo que esos recursos se destinaron para compensar la disparidad de oportunidades en universidades interculturales.
La SEP considera que “México no cuenta con los instrumentos de política presupuestaria para hacer efectivo el derecho a la educación superior”.
Como parte de la revisión para construir el presupuesto de 2023, “funcionarios de la SHCP sugirieron a la SEP presentar la propuesta técnica y el diagnóstico para atender la obligación constitucional, modificando un programa presupuestario existente (el U079) en el Ramo 11” que permitiera arrancar la operación del fondo mencionado.
El documento se elaboró y entregó a Hacienda, y este cumplió con los criterios de la dependencia, así como los del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El 8 de septiembre, al presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, la SHCP incluyó en la Estrategia programática la propuesta de asignar 10 mil millones de pesos para avanzar en la reforma de la educación básica, cumplir la de nivel inicial, la inclusión, el mejoramiento de normales, mejorar la calidad del sistema e incentivar a los maestros, así como empezar con la obligatoriedad y la gratuidad en el bachillerato y superior.
Sin embargo, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, aseguró la semana pasada que en la negociación del presupuesto “la bolsa no se concretó” y por ello cabildean ante la SEP la creación de un fondo extraordinario para 2023, con el fin de comenzar el cumplimiento gradual de la reforma.
Este diario solicitó a la SEP conocer la cifra exacta del monto que se requiere para ese fin, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.
Este diario también contactó al subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, con el fin de preguntarle sobre la falta de recursos para alcanzar la gratuidad de la educación y el cabildeo que realiza actualmente la ANUIES para ese fin, quien dijo carecer de información sobre el tema.
“La verdad no tengo información en ese aspecto, supondría que por el tema lo estaría viendo la otra Subsecretaría (Egresos), yo no tengo información, entonces no podría confirmar ni negar si se están realizando estas negociaciones”, comentó el funcionario.
Este medio también solicitó hablar con la Subsecretaría de Egresos, pero al cierre de esta edición no recibió respuesta. Universidad gratuita
El documento de la SEP considera que la gratuidad de la educación superior no es la inexistencia de ingresos (cuotas) en las instituciones por servicios que prestan a la sociedad.
Los 10 subsistemas universitarios obtuvieron ingresos por inscripciones y colegiaturas por 11 mil millones de pesos, pero convertidos al año 2022 ascenderían a 13 mil millones de pesos, según estimaciones.
El diagnóstico de la SEP indica que en el ciclo escolar 2020-2021, en México había 10.9 millones de jóvenes entre 18 y 22 años y 3.1 de ellos estaban inscritos en una institución de educación superior. Significa que 7.8 millones “no tienen acceso a estudios de nivel superior”.
Ello, independientemente de los efectos de la emergencia sanitaria por el Covid-19: el incremento en el abandono escolar, la caída en el ingreso, así como los desafíos para crear infraestructura, rehabilitar o mantener la existente y ampliar la cobertura de internet.
El gobierno del presidente López Obrador se comprometió a que, al finalizar su gestión en 2024, 50 por ciento de los jóvenes en el país estarían en la educación superior, pero hasta el ciclo 2020-2021 sólo 42 por ciento tenían una oportunidad de estudios.
En la revisión que hizo la SEP, se establece como un “desafío urgente” el lograr dar oportunidades a todos los egresados de bachillerato.
“Los jóvenes que cada año egresan de bachillerato pasaron de 780 mil en 2006 a 1.5 millones en 2020, ejerciendo gran presión sobre la capacidad instalada de las instituciones de educación superior públicas. El déficit actual de lugares en educación superior para los jóvenes egresados de bachillerato es del orden de 300 mil cada año”.
La SEP reconoció que existe un “agravamiento de los rezagos en la educación superior”, lo cuales se buscaban aminorar con la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue aprobada el 8 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados por Morena, PT, Partido Verde y PRI, con 389 votos a favor y 60 en contra, y se aceptó una reserva de la diputada priista Erika Sánchez Martínez para garantizar la creación del Fondo de obligatoriedad para la educación superior que hasta el momento no se ha concretado.
“México no cuenta con los instrumentos de política presupuestaria para hacer efectivo el derecho a la educación superior”