Datos no pueden ser públicos
Los casos reportados en la base de datos nacional aumentaron 41 por ciento respecto a 2020; especialista califica de insuficientes las acciones de la Conavim
CDMX. El país cuenta con un registro de 366 mil “personas agresoras”, en su mayoría hombres, que ejercieron algún tipo de violencia contra mujeres en 2022.
Los casos registrados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) representaron un aumento de 41 por ciento respecto a los anotados en 2020, según el reporte más reciente.
El Banavim estaba a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Alejandro Encinas, y hace un año fue transferido a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que actualmente concentra y coordina todos los servicios de género, como los programas de apoyo y refugios para mujeres en situación de violencia, así como los recursos públicos.
El Banavim es un registro estadístico sobre casos de violencia contra las mujeres, el cual prevé la conformación de un expediente único, que contiene datos de los agresores y de la persona en situación de violencia. Por ley, la información personal no se comparte a la ciudadanía, pero sí entre las instituciones que toman conocimiento de los casos.
La base de datos se integra con la información periódica de las distintas dependencias que forman parte del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional), donde están las dependencias, la FGR y las entidades, así como integrantes de la sociedad civil.
El Banavim surgió con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007, y ha tenido transformaciones.
Paloma Ayala Sierra, directora de Seguimiento a la Política Nacional para Combatir la Violencia de Género de Imujeres, explicó que el Banavim “es un proyecto muy ambicioso”, toda vez que permite activar a distintas instancias para tomar acciones en favor de las mujeres, por ejemplo, que el DIF tome conocimiento de un caso de violencia contra una madre para salvaguardar a sus hijas o sus hijos.
“El (Banavim) nace para diseñar diversas políticas públicas. Una mujer que vive violencia pasa por muchas instancias antes de recibir la atención especializada que necesita”, explicó durante una entrevista con Organización Editorial Mexicana.
Este diario también solicitó a la Conavim conocer el impacto de que una persona forme parte del registro de agresores sin obtener una respuesta al cierre de esta edición.
Además del registro de agresores y casos de violencia contra las mujeres, el Banavim concentra las órdenes de protección emitidas en favor de este sector de la población, es decir, aquellas que emite un juez, el Ministerio Público o una autoridad administrativa para que el agresor no tenga contacto con la afectada si está en riesgo su vida o su libertad. Hasta ahora, hay un acumulado nacional de 191 mil órdenes de protección.
De acuerdo con el informe más reciente la marcha del 8M de la Conavim sobre su banco de información, el 95 por ciento de los agresores contra las mujeres son hombres y la violencia que más se denuncia es la psicológica, según una revisión a su base de datos.
Gema Elena Rodríguez psicóloga y subdirectora del Centro Integral de Salud Mental (CISAME), comentó que la violencia psicológica suele dañar la autoestima, la autodeterminación y la estabilidad de las mujeres, toda vez que generalmente se piensa que ellas hicieron algo mal.
“Algunas formas en las que se puede expresar este tipo de violencia es al manipular o chantajear con los hijos (…) o cuando te ignoran, simulan que no existes, te dejan en ridículo o hay gritos e insultos”, explicó durante una entrevista por separado con este medio.
En opinión de la especialista, “no soportar ni ejercer las violencias” es una forma para prevenirlas.
Respecto a los 366 mil agresores de mujeres registrados en el Banavim, Alejandra Collado Campos, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, consideró que no son suficientes los esfuerzos de la Conavim y su base de datos, pues “no hay un solo mecanismo o instancia que sea suficiente en un contexto tan complejo como el de la violencia en la que se encuentra México”.
El acumulado nacional de casos de violencia contra las mujeres registrados hasta el 15 de febrero de este año, suman 1.4 millones, con un millón de “agresores hombres” y 54 mil 131 “agresores mujeres”
CDMX. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional que el Registro Público de Agresores Sexuales en la Ciudad de México sea público.
Los ministros eliminaron que el acceso a este Registro sea público, y sólo permitirá el acceso a las autoridades relacionadas con las investigaciones derivadas de delitos de abuso sexual, feminicidio, violación calificada, violación equiparada, violación simple y tentativa de violación.
“Dejar dentro del dominio de las autoridades públicas el acceso al registro sigue permitiendo los fines para los que fue diseñado, en tanto que será factible que su información sirva a dichas autoridades para realizar las acciones preventivas y de protección necesarias para combatir la violencia sexual”, sostuvo la ministra presidenta Norma Piña.
Los ministros continuaron ayer con el debate iniciado el martes pasado, en el que la mayoría del Pleno se mostró en contra de la implementación de esta base de datos en la que se pueden localizar el nombre, alias, fotografía y nacionalidad de las personas sentenciadas por delitos sexuales.
GEMA ELENA RODRÍGUEZ GARCÍA PSICÓLOGA Y SUBDIRECTORA DEL CISAME