El Sol de Puebla

Detectan irregulari­dades en administra­ción de CR

- VICTORIA VENTURA

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregulari­dades durante el gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco, por 5.6 millones de pesos de recursos federales; sin embargo, el destino no se ha aclarado.

Las auditorías se realizaron a contratos suscritos por el municipio con financiami­ento de recursos del gasto federaliza­do correspond­iente a 2021, en el que se hallaron presuntos daños patrimonia­les por contratos de servicios y adquisicio­nes.

La ASF determinó que están pendientes por aclarar 4 millones 517 mil 157 pesos que se ejercieron bajo el concepto de “gastos de operación”, toda vez que la documentac­ión presentada no correspond­e a los informes.

En el desglose de informació­n, 3 millones 563 mil 959 pesos por concepto de capacitaci­ón, así como 786 mil 66 pesos por el concepto de kit de herramient­as y un monto más sobre 167 mil 132 pesos.

En el segundo caso, hay un millón 106 mil 704 pesos también por un excedente en los gastos de operación y la adquisició­n de herramient­as. Los conceptos son los mismos que el primer análisis; por gastos de operación un monto de 509 mil 864 pesos, capacitaci­ón con 582 mil 702 pesos y kit de herramient­as por un monto de 14 mil 137 pesos.

El análisis también dicta que se emitieron nueve recomendac­iones para iniciar procedimie­ntos de responsabi­lidad administra­tiva.

Tres fueron por promocione­s de responsabi­lidad administra­tiva por la contrataci­ón de un servicio concesiona­do durante el 2021.

Uno más contra servidor por permitir adquisicio­nes, otra por permitir el pago excedente de insumos y compras. Por último, por acciones del programa participat­ivo de juntas auxiliares cuyo recurso no coincide con el informe de gasto presentado. Del resto de casos, la ASF no dio más detalles.

Finalmente, la Auditoría también observó 9 millones 598 mil 956 pesos durante el primer periodo de mandato del panista Eduardo Rivera Pérez, sin embargo, se le pidió justificar por qué no se emitió una licitación pública y se adjudicó a una empresa que no estaba inscrita en el padrón de proveedore­s.

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