¿Morena invencible?
En caso de que no prospere la impugnación que los partidos políticos de oposición a Morena presentarán en la Suprema Corte de Justicia en contra del plan B de la reforma electoral, aprobada el miércoles en el senado, PAN, PRI y PRD estarán condenados a perder la gran mayoría de los cargos de elección popular que se disputarán en los comicios de 2024, incluidos los del estado de Puebla.
El grueso de las críticas que se le han hecho a la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con la merma o el aniquilamiento de las funciones del árbitro de las contiendas, a través de una reestructura y reorganización que pretende dar paso a un nuevo sistema nacional electoral, pero con mucho menores capacidades para velar por los propósitos para los que fue creado.
La condena está bien fundamentada.
Con esa reforma, que solo necesita ser promulgada por el ejecutivo para convertirse en ley, representará un drástico recorte al INE, no nada más en recursos económicos y en estructura de personal, sino, lo más peligroso, en autoridad.
Este es el motivo por el que miles de personas tomarán las calles de los principales centros urbanos del país el domingo para protestar en contra de la reforma, para expresar su rechazo a los designios del mandatario mexicano y para impulsar, desde la movilización masiva, un recurso jurídico que busque frenar la imposición presidencial.
Dentro de esa reforma, sin embargo, hay un apartado al que se la otorgado menos atención mediática, pero que completa el principal objetivo lopezobradorista, que es retener para Morena y sus candidatos el poder político en la transición que se avecina.
El plan B otorga libertades para la propaganda gubernamental en tiempos de campaña.
El documento palomeado por los senadores afines al presidente realiza una reducción del concepto explicado en la ley acerca de lo que es reconocido como propaganda de gobierno.
Con la nueva redacción se altera el precepto constitucional que ordenaba que no se podía emprender publicidad o propaganda gubernamental en periodos de campañas electorales.
La reforma también abre la puerta para que funcionarios y servidores públicos manifiesten comentarios positivos a favor de un candidato, sin riesgo de ser juzgados y sancionados por lo que será la nueva autoridad electoral.
Este es el escenario ideal para López Obrador, que desde el púlpito de las ‘mañaneras’ y a través de los instrumentos de comunicación de los que dispone, que son muchos, imposibles de igualar para la oposición, emprenderá una colosal estrategia de propaganda política para beneficiar a su partido.
Imagine al presidente, un día sí y al otro también, presumir sus supuestos logros, expresar las presuntas bondades de Morena y asustar a los millones de eventuales electores con aquello de que volver a la oposición representará no solo regresar a un pasado de corrupción e impunidad, sino perder todo lo que se ha logrado a partir del comienzo de la (falsa) cuarta transformación.
¿Quién le ganará a Morena con el presidente en campaña?
¿Quiénes desde la oposición, en Puebla, se lanzarán a la aventura con posibilidades reales de ganar?
Por eso la reforma electoral, ya aprobada, es tan peligrosa.