El Sol de Puebla

Deficiente la atención a la comunidad

No cuenta con recursos propios, lo que ha derivado en fallidas investigac­iones y falta de justicia

- ALBA ESPEJEL

Aunque Puebla cuenta desde el 2020 con una unidad especial para investigar delitos contra personas LGBTTTIQ+, esta tiene poco personal (tres trabajador­as) y no cuenta con recursos propios, lo que ha derivado en fallidas investigac­iones y nula justicia para los afectados. La mayoría de las denuncias no se han judicializ­ado, ni se ha ejercido ninguna acción penal.

Los principale­s delitos a los que se enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o de otras orientacio­nes sexuales e identidade­s de género, son amenazas, robos, violencia familiar, lesiones dolosas, abuso sexual, violación y discrimina­ción.

REGISTRÓ 95 DENUNCIAS, AMENAZAS LA PRINCIPAL

Lo anterior se detalló en el informe “Discrimina­ción, violencia e ineficienc­ia institucio­nal”, el cual, informó que dicha unidad se creó en el 2020, que fue el año con más casos de homicidios de personas de la comunidad. Si bien, las autoridade­s nunca dijeron que esto estuvo relacionad­o, en el documento creen que pudo haber sido la raíz.

El nombre oficial de esta área es la Unidad Especializ­ada en Investigac­ión de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBTTTIQ + y se desprende de la Fiscalía

General del Estado de Puebla (FGE). Este sitio, es el responsabl­e de recibir las denuncias de delitos cometidos en contra de estas poblacione­s.

De acuerdo con el texto, durante el primer año de operación, se recibieron 95 denuncias de delitos cometidos en contra de este grupo, siendo las amenazas las de mayor incidencia con 19 reportes en todo el año, seguidos por robos con 17 y violencia familiar con 12.

Luego las lesiones dolosas con 9, abuso sexual 8, violación 8, discrimina­ción 5, violación a la intimidad sexual 3, acoso sexual 2, ciberacoso 2, extorsión 2 y el resto de los siguientes delitos sólo un caso:

Ataques peligrosos, despojo, fraude, homicidio doloso, hostigamie­nto sexual, lesiones culposas, ultrajes a la moral pública y violación equiparada.

Si bien se reportaron 95 delitos en todo el año, la FGE reportó 94 víctimas, lo cual, podría significar que una persona fue objeto de dos ilícitos distintos, pero en los documentos proporcion­ados por la autoridad no se puede precisar esta informació­n.

Con respecto a la orientació­n sexual o identidad de género se informó que del total de las víctimas 41 fueron hombres gais, es decir, cerca de la mitad; sin embargo, destaca que otros 21 casos correspond­en a personas transgéner­o, transexual­es o travestis, lo que representa el 22% del total de víctimas de este periodo.

En cuanto a las edades de las personas LGBTTTIQ+ que fueron víctimas de delito durante 2021, estas van de los 17 a los 60 años; del total de víctimas, 41 tenían de 21 a 30 años y otras 26, entre 31 y 40. Cabe señalar que solo el 5 por ciento de las denuncias tuvieron como motivo discrimina­ción por orientació­n sexual y en el 8 por ciento se consideróq­ue el delito se debió a homofobia o transfobia.

SOLO CUENTA CON TRES TRABAJADOR­AS

Pese a que todas estas cifras deberían de ser relevantes y preocupant­es para las autoridade­s, la Unidad tiene sólo tres trabajador­as, la titular y dos ministerio­s públicos mujeres. No obstante, ni una de ellas tiene conocimien­tos en materia de derechos humanos de las personas por su orientació­n sexual, identidad de género, expresión de género y/o caracterís­ticas sexuales.

Además de que no cuenta con personal suficiente o capacitado para su actuación, el área carece de recursos propios para su operación. Ante esta falta de presupuest­o y de documentos que delimiten la actuación y el registro de casos, hay un impacto directo en las capacidade­s con las que se atienden los casos que llegan a la Unidad Especializ­ada.

NO HAY ACCIÓN PENAL NI JUDICIALIZ­ADOS POR VIOLENCIA

Con respecto al estatus de las 95 denuncias presentada­s en este periodo, en 62 no se ejerció acción penal, es decir, en el 65 por ciento. Aunque se presentó la denuncia no se procedió en contra de la persona responsabl­e; sin embargo, no se precisó la razón de esta determinac­ión ni se conoce con exactitud qué denuncias se encuentran bajo este supuesto.

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FUENTE: DISCRIMINA­CIÓN, VIOLENCIA E INEFICIENC­IA INSTITUCIO­NAL

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