Avalan la ley 3 de 3 contra violentadores
Frena el acceso de agresores a candidaturas y cargos en todos los órdenes del servicio público
En una emotiva sesión con testimonios de diputadas locales que han sufrido algún tipo de violencia, el Congreso del estado aprobó los dictámenes federales de la denominada “Ley 3 de 3” para evitar que los violentadores, los deudores y los agresores sexuales sean candidatos en los procesos electorales y ocupen cargos públicos, así como para disminuir de 21 años a 18 años la edad mínima para poder ocupar una curul.
La sesión ordinaria de ayer fue para avalar dos proyectos enviados por la Cámara de Senadores con la intención de declarar constitucionales los cambios a los artículos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor antes de las elecciones del 2024.
Debido al contexto actual que atraviesa el país, en el que se presentan casos de hombres en el poder que violentan a las mujeres, las reformas a los artículos 38 y 102 constitucionales causaron mayor impacto en el parlamento.
La ley fue denominada así porque de acuerdo con el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara Baja, que la impulsó en colaboración con las colectivas, impedirá que los violentadores accedan a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
El marco jurídico es completamente distinto al que lleva el mismo nombre pero comprende la declaración de situación patrimonial, de intereses y de impuestos, así como la versión pública de las tres anteriores.
En la sesión que se realizó este
Seis diputados de 41 faltaron a la sesión. Los 35 presentes votaron a favor de homologar esta ley enviada desde el Senado
viernes en el Congreso poblano, la participación que más conmovió a los legisladores fue de María Ruth Zárate Domínguez, quien fue víctima de agresiones políticas de género cuando fue regidora en el ayuntamiento de Tecamachalco, por parte del entonces presidente municipal panista Inés Saturnino López Ponce.
En una emotiva sesión con testimonios de diputadas locales que han sufrido algún tipo de violencia, el Congreso del Estado aprobó los dictámenes a fin de reformar la Constitución Política de México para evitar que los violentadores, deudores y agresores sexuales sean candidatos en los procesos electorales y ocupen cargos públicos, así como para disminuir de 21 años a 18 años, la edad mínima de ocupar una curul.
Las reformas que se analizaron ayer previamente fueron avaladas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, respectivamente, para ser vigentes en la federación.
Sin embargo, al tratarse de modificaciones a la Carta Magna para el trámite legislativo se necesita la aprobación de la mitad de los Congresos estatales más uno, es decir, 17, por lo que el decreto fue remitido a los parlamentos del país.
Ahora que dicho paso se cumplió, las modificaciones quedaron aprobadas en su totalidad y queda pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.
Aunque la intención de los legisladores locales de Puebla era formar parte de los primeros 17 parlamentos que avalaran el decreto para que los cambios pudieran publicarse, dicha situación no ocurrió porque durante la noche del 19 de mayo se concretó dicho punto.
De acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional Electoral (INE), los Congresos que avalaron la reforma para declararla constitucional son los siguientes: Tamaulipas, Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Sinaloa, Baja California, Veracruz, Tabasco, Colima, Coahuila, Tlaxcala, Morelos, Baja California Sur, Chihuahua, Yucatán, Durango y Zacatecas.
DIPUTADAS DAN TESTIMONIOS
Debido al contexto actual que atraviesa el país porque han surgido casos de hombres en el poder que violentan a las mujeres, las reformas a los artículos 38 y 102 de la bautizada “Ley 3 de 3”, causaron mayor impacto en el parlamento.
La ley ha sido catalogada así porque de acuerdo con el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara Baja, quien la impulsó en colaboración con las colectivas, impedirá que los violentadores accedan a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
El marco jurídico es completamente distinto al que lleva el mismo nombre pero comprende la declaración de situación patrimonial, de intereses y de impuestos, así como la versión pública de las tres anteriores.
DIPUTADAS DAN TESTIMONIOS
En la sesión, la participación que más conmovió a los legisladores fue de María Ruth Zárate Domínguez, quien fue víctima de agresiones política de género cuando era regidora del entonces alcalde del
Partido Acción Nacional (PAN), Inés
Saturnino López.
En medio de lágrimas, la legisladora celebró la aprobación de la propuesta que será aplicable para las elecciones del 2024 y recordó que durante su paso en la administración de Tecamachalco le retuvieron su salario de forma arbitraria e impidieron e su participación en las sesiones de Cabildo.
Recordó que, durante su paso en busca de pedir justicia las autoridades le dieron la espalda y la catalogaron de “revoltosa” por no soportar las injusticias de Inés Saturnino, quien fue detenido en noviembre del 2022 acusado de obstruir la captura de un grupo de sujetos armados pero el 18 de mayo del 2023 logró salir del penal de San Miguel por falta de pruebas en su contra.
Desde la perspectiva de la actual legisladora por el distrito 15 con cabecera en Tecamachalco, las disculpas públicas, una de las medidas ordenadas por la autoridad electoral con la que deben cumplir los violentadores en temas políticos, son una burla porque no resuelven de raíz la problemática y con el paso del tiempo quedan en el olvido.
Además, hizo un llamado a los partidos políticos con registro en Puebla para evitar cobijar a los hombres que agreden de alguna forma a las mujeres porque con el tiempo se sienten “intocables” por ser diputados, presidentes municipales o regidores, por mencionar algunos.
Durante su intervención, los diputados presentes en el salón del pleno le aplaudieron en varias ocasiones a la legisladora en alusión a la fuerza que tuvo para soportar la violencia que vivió.
Al hacer uso de la palabra, Mónica Silva Ruiz, quien se ha caracterizado por presentar propuestas en favor de las mujeres, reconoció que las reformas constitucionales marcarán un precedente para futuros procesos electorales porque desde su perspectiva las personas en el poder deben defender las causas y no agredir al género.
La representante popular del Partido del Trabajo hizo hincapié en que, aquellos deudores alimentarios no pueden acceder a un cargo público porque han demostrado poco interés en atender sus obligaciones como padres.
A la lista de oradoras se sumó la integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez, quien dijo conocer el miedo de ser víctima de algún tipo de violencia. Sin mencionarlo explícitamente, desde la tribuna habló de su caso.
Lo anterior porque la legisladora fue víctima de agresiones por parte de Víctor Hugo Islas, su expareja sentimental, quien presuntamente la denunció por robo de auto y le pagó a ministeriales para detenerla.
El video del momento del arresto circuló en redes sociales con el fin de intentar desprestigiarla. Sin embargo, solo estuvo detenida unas horas porque comprobó la propiedad del vehículo.
DICTAMEN ES APROBADO POR UNANIMIDAD
El dictamen en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público fue aprobado porque los 35 diputados presentes en la sesión votaron a favor, entre ellos Eduardo Alcántara Montiel, quien recientemente fue señalado de cometer violencia política de género en contra de Erika de la Vega, exaspirante a la candidatura para la alcaldía de San Pedro Cholula en el proceso electoral del 2021.
A la sesión de ayer asistió la panista acompañada de Edurne Ochoa, presidenta de 33 Mujeres y Luz Arredondo del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria.
DISMINUYEN EDAD PARA SER DIPUTADO
En la misma sesión el parlamento también dio luz verde las reformas de los artículos 55 y 91 de la constitución para disminuir de 21 años a 18 años la edad mínima para ser diputado y reducir de 30 años a 25 años, la edad para ser secretario de estado.
Una de las pocas intervenciones fue de la legisladora Xel Arianna Hernández García, quien es de las personas más jóvenes en ocupar una curul en el Congreso del Estado y calificó de positiva la apertura para que las nuevas generaciones se apropien de los espacios donde se toman las decisiones.
La ley fue denominada así porque impedirá que los violentadores accedan a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)