Los dos mil millones de dólares que podrían cobrarle a Sheinbaum

Según su argumento, en 2015 llegaron a un acuerdo con funcionarios de la Ciudad de México y la Semovi para obtener una concesión que les permitiría implementar el Sistema L1bre en la flota de taxis de la ciudad a través de su subsidiaria Lusad.

Alegan que el Estado mexicano suspendió injustificadamente esta concesión por motivaciones políticas y luego se apropió de su modelo de negocio y tecnología para lanzar al mercado Mi Taxi.

La Demandada, es decir, México, anticipa que las Demandantes incluirán en sus reclamaciones una supuesta represalia del Estado mexicano contra Eduardo Zayas Dueñas y Santiago León Aveleyra por haber iniciado este arbitraje.

De hecho, como se ha informado en este diario, los empresarios involucrados se quejaron cuando dimos a conocer este pleito. Pelean y demandan a México, pero quieren mantener en secreto su escándalo.

“A manera de resumen, las Demandantes alegan ser inversionistas estadounidenses y canadienses que, a través de su subsidiaria mexicana, obtuvieron una Concesión para la instalación de un sistema de taxímetro digital en la flota de taxis de la Ciudad de México, la cual se vieron impedidos de aprovechar debido a que el Gobierno de la Ciudad de México supuestamente tomó la “purely political decision” de suspenderla de manera indefinida, a pesar de que habían recibido todas las autorizaciones correspondientes. Contrario a estas alegaciones, la Demandada ha presentado evidencia para demostrar que las Demandantes nunca desarrollaron un sistema capaz de cumplir con las condiciones establecidas en la Concesión y que, en realidad, la supuesta suspensión nunca existió”, dice por los Estados Unidos Mexicanos Alan Blofiglio Ríos, asistido por Rosalinda Toxqui Tlaxcalteca, Geovanni Hernández Salvador, Pamela Hernández Mendoza, Ellionehit Sabrina Alvarado Sánchez, Jorge Luis Andrés José Jorge Escalona Gálvez, de la Secretaría de Economía.

El pleito está abierto ante tribunales y genera muchas suspicacias, sobre todo por los señalamientos del gobierno de México.

“La evidencia demuestra que en 2015 los Sres. Zayas y León pensaron en un “negocio” para instalar hot-spots de Wi-fi en los taxis de la Ciudad de México. El entusiasmo de estos empresarios mexicanos los llevó a pensar en que sería viable instalar en todos los taxis de la Ciudad de México tabletas para funcionar como taxímetros digitales y para mostrar publicidad. El tema a considerar es que, por un lado, los Sres. Zayas y León y sus empresas no contaban con los recursos financieros y tecnológicos para implementar el “Proyecto L1bre”, y, por otro lado, la Semovi no tenía facultades para concesionar los servicios anhelados por los Sres. Zayas y León”, recuerda el gobierno de México. “A partir de 2015, los Sres. Zayas y León buscaron asociarse con distintas empresas para obtener los recursos financieros y tecnológicos de los que carecían. Cada una de estas negociaciones —realizadas al menos con Taxinet-luis Noboa, Accendo Holdings y L1bero Partners-covarrubias— dio resultados desastrosos. En cada una de estas operaciones comerciales se tomaron malas decisiones corporativas y financieras, y en cada una de ellas surgieron controversias legales”.

Pero el conflicto está abierto y amenaza con pegarle al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Las Demandantes presentan una reclamación de daños que asciende a más de dos mil millones de dólares. Le seguiremos informando.

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