Un nuevo capítulo en nuestra lucha democrática

En la historia reciente de México el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el gran estandarte de las manifestaciones públicas y marchas contra gobiernos ineficientes y autoritarios, razón por la que pudiera ser que malentienda el significado de lo que representa que el pueblo marche contra del poder, creyéndose tal vez y solo tal vez, dueño absoluto y representante legítimo de las manifestaciones en nuestro país, dándose licencia para desacreditar y calumniar cualquier protesta contra el gobierno que él encabeza como la vivida el día de ayer, en donde miles de mexicanas y mexicanos alzaron la voz para exigir elecciones libres y democracia, ante el regreso de la amenaza del plan B propuesto nuevamente por AMLO.

¿Pero qué tan dañina es esta reforma electoral? Una de las principales polémicas ante esta iniciativa es la afectación generada en la estructura del INE, particularmente a la existencia de un sólido servicio profesional electoral construido a lo largo de décadas y que se encuentra compuesto por 2,571 profesionales, que acceden por medio de concurso público a ese cuerpo electoral y que ascienden de cargo dentro del mismo, con base en la evaluación y el mérito de su desempeño, el plan B sin embargo desaparece el 84.3% de las plazas del servicio profesional electoral, argumentando que se tendría un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos, sin embargo no consideran el pago de las liquidaciones, que se calculan precisamente en poco más de 3 mil millones de pesos ¿Entonces cuál ahorro?

Y es que precisamente el tema del dinero es el gran pretexto con el cual el gobierno ha tratado de justificar el desmantelamiento del INE, pero sigamos con las cifras, mucho se dice que el INE es caro y eso depende ¿El INE es caro con respecto a qué? El Tren Maya por ejemplo en el 2022 tuvo un presupuesto aprobado de 63 mil millones de pesos, no obstante al terminar el año se habían gastado 181 mil millones, es decir tuvo un sobrecosto del 185%, mientras que en el mismo año el INE gastó poco más de 13 mil millones, una diferencia entre una obra pública que de momento no da resultados y un sistema electoral que sí funciona, de 162 mil millones de pesos.

Uno de los principales problemas que tienen las personas que apoyan el plan B es que no conocen bien realmente qué hace el INE, pues de saberlo estarían de acuerdo (como muchos) en mejorarle lo malo y no en una reestructuración nociva del mismo, una de las creencias dentro de esta desinformación es la percepción de que en el instituto solo se trabaja cada tres años, en las elecciones intermedias y las presidenciales, pero poco se comenta desde el oficialismo el arduo trabajo que el INE desempeña de manera diaria al cumplir con sus labores de actualización de la cartografía electoral, así como de la expedición de nuestras credenciales de elector.

Lo anterior aunado a que 1 de cada 3 pesos de gasto operativo del INE se destina al servicio de la credencialización y el mantenimiento del padrón electoral, algo que resulta diametralmente opuesto a lo presentado en el plan B, que pretende que los módulos de credencialización se ubiquen “Para ahorrar dinero” en oficinas de gobierno, es decir la seguridad informática de los datos de las y los mexicanos va a estar bajo el resguardo de las oficinas de gobierno, oficinas que por cierto han sido hackeadas sistemáticamente a lo largo de esta administración, cuando por otro lado la base de datos del INE es una de las más seguras del país, pues opera en módulos independientes del instituto repartidos a lo largo y ancho de México, con mecanismos de seguridad probados y garantizados en donde se transmite la información biométrica de la ciudadanía a través de líneas encriptadas.