Fiscalización para enfrentar cambio climático
La Conferencia
de Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático-cop28, celebrada el año pasado, demostró la relevancia dada al asunto medioambiental en la agenda internacional. La edición de 2023 de este mecanismo de cooperación, integrado en el sistema de Naciones Unidas, partió del supuesto de que la Tierra enfrenta una crisis climática que avanza a gran velocidad.
La COP28 es una de las conferencias sobre cambio climático más importantes pues definió las bases para renovar los compromisos multilaterales para el control del cambio climático y advirtió que los esfuerzos, acciones y omisiones de los Estados tienen consecuencias directas con la propia supervivencia en el planeta. En este sentido, destacan algunos datos que sugieren la situación crítica en materia climática: según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el mundo podría alcanzar —hacia finales de siglo— un calentamiento de entre 2.5 °C y 2.9 °C; por otro lado el Informe sobre la Brecha de Adaptación muestra que los países no invierten lo suficiente para prepararse resilientemente contra las consecuencias de los fenómenos naturales vinculados con el cambio climático.
Aunque el problema del cambio climático es un asunto global, hay variación en el nivel del impacto de sus consecuencias. Las sequías afectan en diferente magnitud a los países con economías diversificados y a aquellos que sostienen economías primarias o dependientes de actividades como la agrícola. Esto significa que el cambio climático es un problema que está correlacionado con el incremento de las desigualdades y la pobreza globales. Otro evento reciente fue la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-6), realizada en marzo de 2024, la cual reafirmó la necesidad de un esfuerzo colectivo hacia la sostenibilidad —incluidos los sectores productivos y de extracción de recursos— con la consideración
de que, según el Panorama de los Recursos Globales 2024, los países ricos consumen seis veces más recursos y generan diez veces más impactos climáticos que los países de ingreso bajo.
La COP28 y la UNEA-6 son espacios de diálogo y acuerdo multilateral que motivan a la comunidad internacional a renovar esfuerzos, explorar áreas de oportunidad e incrementar la innovación en la formulación de políticas públicas para el control del cambio climático. En este contexto la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) ha recibido con entusiasmo la iniciativa Climatescanner propuesta por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU - Brasil), en calidad de presidente de la INTOSAI.
El proyecto tiene por objetivo lograr que las entidades fiscalizadoras de todo el mundo promuevan la evaluación global de acciones gubernamentales relacionadas con el control del cambio climático. Parte del supuesto de que los procesos de fiscalización, auditoría y evaluación son sustantivos para lograr que las acciones gubernamentales cumplan satisfactoriamente con los criterios de economía, eficacia y eficiencia. Esto es, notoriamente necesario, si se considera que el cambio climático es un asunto que requiere de las mejores intervenciones públicas.